Como cada 28 de septiembre desde 1990, posterior a aquel V encuentro feminista realizado en San Bernardo, Argentina con más de 200 mujeres participantes donde aprobaron que se declarara esta fecha de lucha por el aborto legal al considerar que miles de mujeres mueren diariamente en América Latina y el Caribe a causa de abortos inseguros, clandestinos y estigmatizados, por esta razón se “celebra” el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, más que una celebración sigue siendo una urgente demanda a favor de las mujeres y de la libertad.
Con similitudes amplias con los países sudamericanos, la situación en México no es la más favorable para las mujeres que desean o necesitan interrumpir sus embarazos por cualquiera que sea la razón. Solo en 10 estados de los 32 existe la posibilidad de hacerlo de manera legal hasta las 12 semanas de gestación, cuestión que se siguen debatiendo en los círculos de feministas y en colectivas, por esto la consigna sigue siendo “¿Por qué seguimos marchando? Porque no basta con despenalizar”, se pudo ver y escuchar en la marcha de este miércoles.
El abordaje de este tema suele estar polarizado por la visión moral y/o religiosa, es decir, con este tamiz estar favor del aborto o pasar al acto, significa “quitar la vida de un inocente y estar en contra de toda norma dogmática”, dicen algunos de los círculos más conservadores (hablando del estrictamente del concepto); otros grupos más radicales, colocan a las mujeres que, por decisión propia o por salud deciden practicar la interrupción del embarazo, como unas libertinas (cuando menos) o como unas criminales despiadadas.
Si la lente que utilizamos para tocar el tema es la de salud pública, el debate podría tornarse menos álgido, ya que se sustenta en cifras. Según el Instituto Guttmacher, organización privada apoya el derecho al aborto y promueve la salud reproductiva, el 54 por ciento de los embarazos no planeados en México, se resuelve mediante un aborto inducido, más del 30 % de las mujeres que tienen abortos inducidos presentan complicaciones que requieren atención médica y, como siempre, el porcentaje mayor de estas mujeres viven en situación de pobreza, de ellas, el 25 % de las mujeres que sufren complicaciones no reciben dicha atención de manera adecuada ni oportuna.
Ahora bien, si se aborda con perspectiva de género, evidentemente el debate toma otro rumbo, puesto que tendríamos que hablar de derechos y libertades de las mujeres. Tendríamos que estar debatiendo acerca de emancipación, de autodeterminación, de que el Estado -en realidad- debería cuidar la libertad de decisión de cualquier ciudadano, obvio, incluidas a las mujeres. Claro que también la conversa debe girar en torno a la educación sexual, pero no solo a las mujeres, también a los hombres, quienes son los que deberían respetar las decisiones de las mujeres, para quienes un NO les tendría que significar respeto irrestricto.
Así, transcurrió otra marcha del 28S sin, quizá, entender el fondo y las causas. Legislar para que la interrupción legal del embarazo no significa alguna promoción a efectuar este acto, no, es otorgarle a las mujeres regulación en salud pública y derechos para decidir sobre nuestro cuerpo, es en amplio sentido, brindar las condiciones para el ejercicio de la libertad.
POR ADRIANA SARUR
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