La desesperación y la ansiedad que refleja López Obrador ante la posibilidad de que la reforma constitucional que tanto le interesa para mantener al ejército en las calles hasta 2028 no se materialice está llevando al titular del Poder Ejecutivo Federal a cometer una serie de actos ruines, corruptos e incluso que podrían ser constitutivos de algún delito como la intimidación. López Obrador ya demostró que está dispuesto a todo para lograr su objetivo de militarizar al país cueste lo que cueste.
Las violaciones a la Constitución durante este sexenio parecen no tener fin, recordemos que el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, esto, claro está, con la finalidad de lograr un equilibrio de fuerzas en el país, a través de pesos y contrapesos.
La división de poderes, indispensable en un estado democrático, evidentemente incomoda y estorba al presidente de México. Las decisiones de la Suprema Corte están influidas por el Titular del Ejecutivo quien con toda ligereza ataca y acusa de corrupto al Poder Judicial y lo descalifica cuando los criterios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están alineados con lo que él personalmente quiere o necesita.
Ahora, en pleno proceso legislativo para decidir reformar o no nuestra Constitución, el inquilino de Palacio plantea la posibilidad de que el tema relativo a prolongar la estancia del ejército en las calles sea resuelto mediante una consulta popular. Sin embargo, como esto se traduce en una flagrante invasión al Poder Legislativo tal y como se lo hizo ver el Presidente de la Cámara de Diputados, ahora pretende disfrazar su ilegalidad manifestando, a través de su fiel caudillo, el Secretario de Gobernación, que únicamente se trata de un “ejercicio participativo para escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad pública”. La realidad es que se siente acorralado y su objetivo es ejercer presión social. Esperamos que al tabasqueño le quede muy claro de una vez por todas que nuestra Carta Magna no puede modificarse sólo por la opinión pública. No cabe duda de que, para el titular del Poder Ejecutivo Federal, ni las instituciones ni la división de poderes merecen algún respeto.
Debemos recordar que México es una República representativa y democrática. Sin el respeto verdadero a la división de poderes en nuestro país surgirá un régimen autoritario como en Cuba, Nicaragua y Venezuela que tienen sumida a la población en crisis económicas, políticas y sociales sin precedente. Países en donde las violaciones graves a los derechos humanos son una constante y se caracterizan principalmente por la promoción del terror (incluso hasta matando a quienes se sublevan), por una fuerte presencia militar y por la manipulación arbitraria de la constitución.
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN
@MARIANAGC
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