Nadie en su sano juicio creería sinceramente que las fuerzas policiacas municipales y estatales, así como los órganos de procuración de justicia están preparados para hacerse cargo de la seguridad del país a partir de 2024.
Afirmar esto no es hacerle segunda al Presidente ni al gobierno en turno, sencillamente es ser realistas.
Lo que sí hay que señalar, es que para el gobierno es muy sencillo simplificar el debate a la afirmación de que, como no hay capacidad en la autoridad civil para garantizar la seguridad, por eso el Ejército no puede regresar a sus cuarteles.
Sería un sexenio más dejando esta labor a las Fuerzas Armadas, pero sin ofrecer soluciones reales ni mucho menos resultados. Todo lo contrario. En esos tiempos que seguramente se le olvidaron a Andrés Manuel, cuando utilizaba palabras y militarización para describir lo que él mismo está promoviendo hoy; por lo menos había más arrestos a criminales de alto perfil y no se utilizaba al crimen organizado como brazo armado electoral del gobierno, como sucede hoy.
El Presidente nunca tuvo una estrategia para fortalecer al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad. Se limitó a dejar a los gobiernos estatales y su presupuesto todo el esfuerzo por modernizar las policías locales.
Las soluciones para la crisis de seguridad que vivimos no son sencillas y tampoco de corto plazo, pero en este sexenio se desperdició el tiempo y no se sentaron bases sólidas a futuro. El Presidente eligió dar prioridad a las madres de criminales en vez de dar atención a las víctimas y consolidar las instituciones. Hoy es muy sencillo concentrar el debate en la reiteración de la simple permanencia necesaria del Ejército, y aún se siembra desde el gobierno la división en los opositores, al decir que la Alianza está rota. Claramente éstos muerden el anzuelo y caen en polarización.
Ampliar el plazo del Ejército en las calles no debe ser visto como solución, mucho menos como logro; y de la misma manera, meterlo a los cuarteles en 2024 tampoco es un triunfo. Porque hay un cáncer más grave, la violencia y la impunidad. Tal vez los opositores vean electoralmente más rentable izar la bandera en favor de la libertad civil, pero hoy los civiles, en amplias zonas del país, lo que menos disfrutan es libertad, al ser rehenes de bandas criminales. Hay que exigir políticas claras para que el país vuelva a estar en condiciones de regresar a los militares a sus cuarteles.
Hay que profundizar el diálogo, elevarlo de nivel y no sólo dejarlo en el anacronismo.
¿Qué vamos a hacer para establecer procedimientos claros en la procuración de justicia? ¿Cómo vamos a fortalecer a nuestras policías locales? ¿Con qué presupuesto contamos? ¿Por qué no declaramos a los cárteles como organizaciones terroristas y con ello abrimos a mayor cooperación internacional los esfuerzos contra la violencia?. Son preguntas que necesitamos responder para plantearnos como país un rumbo claro de salida ante nuestra situación, ya insoportable para la sociedad.
POR GEORGINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
PAL