Se avecina un nuevo debate de la mayor relevancia para la vida pública nacional: la reforma electoral.
Desde abril de este año, el presidente López Obrador presentó una iniciativa de reforma que implica 25 artículos (incluyendo los transitorios), y que se espera estén votándose en las próximas semanas en el Congreso de la Unión.
Se trata de una propuesta que transformaría de fondo la arquitectura del sistema electoral, con puntos como: la creación de un órgano electoral único que organice las elecciones, elección de consejeros por voto popular directo, eliminación de diputados y senadores plurinominales, reducción de diputados locales y regidores, bajar el financiamiento público a partidos políticos, y otros elementos para que México deje de tener la democracia más cara del mundo, con ahorros calculados en 24 mil millones de pesos.
Como parte de la iniciativa presidencial, hay un aspecto toral que vale la pena destacar: la implementación del voto electrónico en el país, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
Es una cita en la que los mexicanos llevamos varias décadas de retraso, con experiencias exitosas a nivel mundial que se remontan desde 1989, en Bélgica. Hoy, hay al menos nueve países con esquemas vinculantes de voto electrónico, y otros 19 lo tienen de manera experimental. Hay, incluso, entidades que ya han probado algún mecanismo, como Coahuila, Campeche, Yucatán, Jalisco y la CDMX, con urnas electrónicas o voto por internet.
Así mismo, se han organizado múltiples foros en la materia y ejercicios de parlamento abierto, entre especialistas, autoridades electorales y legisladores. Es un tema del que existe abundante bibliografía, tecnologías probadas y referencias internacionales. Por lo tanto, no puede haber ningún pretexto, dependerá tan sólo de un factor: la voluntad política.
El voto electrónico podría abaratar y simplificar mucho más nuestro sistema electoral, dar resultados mucho más rápidos, e incentivar la participación ciudadana. Desde luego, se tendría que avanzar gradualmente, pero es perfectamente viable definir un calendario de aplicación por etapas: desde la realización de pruebas piloto en las elecciones de todos los estados en 2023 y 2024, hasta llegar al momento de utilizarlo para todos los comicios, sea en formato totalmente electrónico o híbrido (combinado con el tradicional).
Además, podría ser aprovechado para facilitar nuestros procesos de democracia participativa -sean consultas públicas, referéndums o ejercicios revocatorios-, al igual que de gobierno electrónico, eliminando obstáculos para alentar que, con mayor frecuencia, la ciudadanía se exprese y participe en las decisiones públicas.
Ojalá los legisladores se alejen de posiciones maximalistas del todo o nada, y sean capaces de concretar la próxima reforma electoral con el voto electrónico.
POR JESÚS ÁNGEL DUARTE
COLABORADOR
@duarte_tellez
MAAZ