Desde la oposición, de manera enérgica; incluso como una promesa de campaña; el actual titular del ejecutivo se oponía a que el ejército realizara tareas de seguridad pública y a favor de “devolver a la fuerza armada a los cuarteles”. Sin embargo, como un “milagro” de la transformación, desde el inicio de su administración ha intentado no solo incrementar la participación e influencia militar en tareas de seguridad sino además institucionalizar el mando militar; llegando para lograr ese objetivo todos los medios a su alcance: desde violar la Constitución, hasta la persecución y amenazas a la oposición.
El 20 de noviembre de 2018, el grupo parlamentario de Morena en Cámara de Diputados presentó una iniciativa constitucional para reformar el contenido de la Guardia Nacional como el mecanismo de control para la seguridad pública. En su iniciativa original se propuso que la institución se conformara en su totalidad por fuerzas militares y dirigida por las mismas.
La oposición, con base en los precedentes de 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los precedentes internacionales -Naciones Unidas y Corte Interamericana de Derechos humanos- se pronunció expresamente por la NO MILITARIZACIÓN de la Seguridad Pública, logrando que el mando fuera civil y que la conformación de la Guardia Nacional fuera militar sólo provisionalmente. Plasmando ese carácter y plazo en el artículo 5o transitorio constitucional que señalaba como vencimiento hasta marzo de 2024. Pese a ello, el ejecutivo, violando la constitución y a través de un decreto publicado el 27 de mayo del 2019, militarizó el mando del nuevo instituto.
Pero sus acciones no pararon ahí. El 11 de mayo del 2020, publicó el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria; regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en materia de seguridad pública; por lo que derogaba disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, decreto impugnado por la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, impugnación aún pendiente de resolver.
Así llegamos al inicio de este periodo legislativo, donde el ejecutivo envía una iniciativa que de manera tramposa y al no contar con los números para una reforma constitucional, reformó 4 leyes secundarias con las cuales lograron, entre otras cosas, el traslado de las funciones y mando de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Las acciones del gobierno no quedaron ahí, pues en el marco de la moratoria constitucional pactada por la Coalición Va Por México, de manera inexplicable y contraria al mandato que nos expresó la gente en las pasadas elecciones, después de sufrir meses de persecución política, el Partido Revolucionario Institucional presentó una reforma constitucional que aprobó la permanencia de las fuerzas armadas en México hasta marzo de 2028, la cual obtuvo 335 votos a favor (mayoría del PRI, Morena, PVEM y PT), 152 en contra (PAN, PRD, MC, 2 del PRI y 1 de Morena) y 1 abstención (PRI).
La última palabra aún no está dicha, queda pendiente la discusión en el Senado de la República. Ahí, las y los senadores panistas han manifestado que votarán en contra de tal iniciativa, así como otros senadores de otras fracciones parlamentarias, e incluso del PRI, han manifestado que no la apoyarán.
Los números están cerrados, pero confiamos en que persista la congruencia para no aprobar esta reforma constitucional, pero si esta llegará a pasar, cuenten que iniciaremos los siguientes procesos ante las instancias legales correspondientes para frenar el autoritarismo y la militarización en el país.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPAN
@JORGEROHE
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