El pasado 9 de septiembre el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se transfiere, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la de la Defensa Nacional (Sedena), la autoridad sobre la Guardia Nacional (GN).
Mucho se ha escrito y dicho sobre esta reforma y no es el objetivo de este artículo participar en la discusión, pero, resulta pertinente hacer algunas reflexiones sobre el entorno que rodea a esta decisión y las posibles consecuencias que tendría en la operación de vías de comunicación.
En los últimos años, desde la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial A.C. (AMCIV) hemos insistido en los efectos perniciosos que la inseguridad en las carreteras y autopistas tiene en el crecimiento económico. Son tres los principales fenómenos que ponen en mayor riesgo la vida de quienes transitamos por la Red Nacional Carretera, así como las cadenas logísticas, y en los que se deberán redoblar esfuerzos autoridades de todos los niveles, con el sector privado: 1) Robo a vehículos particulares y al autotransporte; 2) Toma de casetas; y 3) Evasión de peajes.
Hace algunas semanas, la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) informó que los asaltos en carreteras han crecido 6 por ciento frente a 2021; encontrando puntos de mayor conflictividad en entidades como Puebla, Estado de México, Michoacán, Baja California y Tamaulipas. El creciente riesgo de sufrir un asalto en estas vías conlleva un efecto en cadena con implicaciones negativas para la integridad de personas y sus bienes, para el comercio (disrupción en movimiento y entrega de bienes) e incluso en términos de imagen, atracción de inversiones y turismo.
Con respecto a toma de casetas, la actuación oportuna del gobierno federal, a través de la SSPC en coordinación con la GN, entidades federativas y operadores de autopistas, permitió la recuperación de plazas de cobro en manos de grupos delincuenciales en Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Estado de México, lo que aunado a la aprobación de la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y a la acción judicial en contra de líderes de organizaciones dedicadas al huachicol carretero, permitieron bajar significativamente, desde el último trimestre de 2020, este delito.
En relación con evasión de peajes y a diferencia de lo ocurrido con la toma de casetas, desde hace dos años se presenta una tendencia creciente en la incidencia de esta conducta. En 2021, alrededor de 19 millones de vehículos cruzaron las plazas de cobro sin realizar el pago de peaje, propiciando en varios casos, incidentes trágicos como choques y atropellamientos que causaron fallecimientos de personas inocentes. No sobra señalar también las grandes afectaciones económicas que esta actividad ilegal le genera al Estado mexicano, por concepto de contraprestaciones e impuestos no recaudados.
Ante esta realidad, resulta favorable la transformación que los cuerpos de seguridad especializados en vías de comunicación han experimentado desde hace varios años; es en esta lógica que pensamos que las modificaciones legales recientemente aprobadas por el Congreso de la Unión abren una ventana de oportunidad para evolucionar las funciones y capacidades con los que la Guardia Nacional contará para salvaguardar a los usuarios, pero también a la infraestructura carretera.
Es decir, la Guardia Nacional deberá consolidarse como un cuerpo con una visión más estratégica y con una misión clara enfocada a garantizar seguridad pública y a combatir las causas que la ponen en riesgo en la red carretera.
Bajo esta premisa, uno de los principales objetivos deberá ser la creación de auténticos corredores carreteros seguros, lo que, a su vez, incentivará la actividad económica y el turismo en las ciudades de nuestro país. En otras palabras, si partimos de la posibilidad de contar con infraestructura carretera más segura y confiable para los usuarios, se podrán generar oportunidades de crecimiento económico.
Para lograr esto, se requerirá no escatimar recursos humanos y económicos; será fundamental adoptar y adaptar experiencias exitosas a nivel mundial, como la División de Carreteras de la Policía Nacional de Colombia, la cual, con el sector privado, ha instrumentado un importante programa de recuperación territorial.
Desde la AMCIV seguiremos trabajando con autoridades federales, sabedores de que el éxito para desterrar la inseguridad, y particularmente los fenómenos delictivos enumerados en este artículo, dependerá también de la coordinación entre gobierno y sector privado. La seguridad en las autopistas es una responsabilidad compartida.
POR MARCO FRÍAS
DIRECTOR GENERAL DE LA AMCIV, A.C.
@AMCIV
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