A lo largo de la historia, la cárcel ha sido vista como una institución destinada para castigar a la persona. Una vez dentro, se le suspenden sus derechos y se le sujeta a un sistema que deshumaniza, estigmatiza y discrimina. Pero como sociedad, ¿nos hemos puesto a pensar quiénes son las personas a las que se les priva de su libertad?
Se trata de espacios habitados por personas que en su mayoría han sido discriminados histórica y estructuralmente. Las personas en situación de pobreza, adultas mayores, aquellas que son originarias de pueblos y comunidades indígenas, mujeres, y personas con nula instrucción escolar, por citar algunos ejemplos, son una parte representativa de la población penitenciaria.
En el 2018, se contaba con casi 198 mil personas privadas de libertad. Sin embargo, hoy en día hay más de 260 mil.¿Cómo se explica este incremento en la población cuando la violencia se adueña de nuestro país con mayor auge? Quizá el populismo punitivo pueda dar respuesta a la interrogante, pero más allá de las motivaciones y justificaciones, es importante compartir las historias que día con día conoce la Defensoría Pública Federal.
En abril de 2020, se publicó la Ley de Amnistía para otorgar la libertad a personas procesadas o sentenciadas por delitos federales. Para el Instituto Federal de Defensoría Pública esta Ley significó una esperanza para todas aquellas personas que sufrieron de las arbitrariedades y discriminaciones del sistema de justicia.
Quizá pueda decirse que se trata de un número más en las estadísticas, pero para la Defensoría Pública Federal la libertad significa cambiar vidas. Para ponerles en contexto, las y los defensores públicos federales han presentado casi 700 solicitudes ante la Comisión de Amnistía, otorgándose hasta el momento 100 libertades. De éstas, 43 mujeres y 57 hombres fueron beneficiados. En la mayoría de los casos se valoró la situación de pobreza extrema y en 15 de éstos, se defendió a personas originarias de pueblos y comunidades indígenas. Gracias al trabajo y compromiso de las personas defensoras públicas, se evidenció que 4 mujeres indígenas fueron obligadas para cometer una conducta delictiva.
En el 90% de los casos, se demostró que las personas se encontraban en una situación de pobreza extrema. Sin embargo, también hay que destacar que en un porcentaje del total de los casos, se tomó en consideración que la persona contaba con alguna discapacidad que fuera incompatible con la pena privativa de libertad. Y en algunos otros, se acreditó que la conducta delictiva fue realizada por indicación de su pareja o por un temor fundado.
Tomaré la historia de Gisela, una mujer de 24 años y madre soltera de dos niños de 7 y 4 años, que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 2018 cuando descendía de un vuelo proveniente de Perú. Traía paquetes de cocaína adheridos en su cuerpo y lo más preocupante, había ingerido varias decenas de envoltorios; poniendo su vida en riesgo. Para su libertad, se consideró su situación de pobreza pues previo a su detención, trabajaba vendiendo abarrotes en un tianguis. Además de haber sido utilizada para transportar la cocaína y prometerle un pago una vez estando en México. Desde mayo de 2022, disfruta de su libertad en compañía de su familia y de sus hijos.
Ernesto, un hombre de 42 años y músico en Guerrero, vivía en una casa con techo de cartón, paredes de madera y piso de tierra. Fue detenido 14 años después de los supuestos hechos porque su nombre apareció en un paquete que contenía marihuana que tenía su nombre y copia de credencial de elector. Elementos suficientes para la fiscalía para privarle de su libertad. Fue sentenciado en 2021 a 10 años de prisión, pero gracias a la Defensoría Pública Federal, se logró evidenciar la serie de inconsistencias y fue liberado en enero de 2022.
Y por último, comparto la historia de Carmelita, una mujer zapoteca de 43 años. Antes de su detención vivía con 4 hijos menores de edad en una casa con condiciones precarias, no tenía aparatos eléctricos y dormían en petates. Se dedicaba a vender tortillas y lavar ropa, logrando juntar la cantidad de 500 pesos semanales. Fue detenida en la Central de Autobuses de Hidalgo al encontrarle casi 1 kilo de diacetilmorfina adherido a su cuerpo. Fue sentenciada a 4 años de prisión por un procedimiento abreviado, pero gracias al trabajo de la Defensoría Pública Federal, se le otorgó la amnistía en mayo de 2021.
Si analizamos los contextos que comparten al menos estas tres personas, podemos advertir una serie de injusticias sin un enfoque interseccional, intercultural y de derechos humanos. Se trata de casos alejados de un estudio y juzgamiento con perspectiva de género. La privación de la libertad es la medida más lesiva que puede enfrentar una persona procesada o sentenciada. Por ello, hay que valorar si realmente es necesario condicionarlas a un sistema penitenciario que más allá de prometerles una reinserción social, trae consigo tortura y estigma.
Estas 100 libertades reflejan una parte del trabajo de la Defensoría Pública Federal, principalmente de las personas defensoras públicas que, con ayuda de sus oficiales jurídicos, trabajan insaciablemente para buscar que la justicia se haga costumbre.
POR ADRIANA RIVAS
COLABORADORA
@ADRIANA 92925722
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