Es más que evidente que vivimos hoy en México una crisis de violencia e inseguridad que nos duele y preocupa a todos.
En lo que va de este sexenio se han registrado más de 130 mil homicidios dolosos, 33 mil desaparecidos y 3, 615 feminicidios; de los cuales, el 98% permanecen impunes. La fallida estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” ha causado un río de sangre y dolor en la población; sin embargo, la militarización para combatir la inseguridad no es la solución.
En las últimas semanas, en la Cámara de Diputados y en el Senado se vivieron momentos de tensión, ya que se discutió una iniciativa que traslada las funciones y mando de la Guardia Nacional a la SEDENA, a pesar de que se exhibieron argumentos irrefutables en contra de esta acción, que en los hechos muestra la claudicación del gobierno federal en su responsabilidad de garantizar la seguridad pública a las y los habitantes.
Legalmente, esta reforma requería una modificación constitucional, pero al no tener la mayoría necesaria, se violentó el proceso legislativo y se presentó como una reforma a leyes secundarias, por lo que fue aprobada con el voto del oficialismo.
Tanta fue su prisa en ejecutar esta ilegalidad, que el Ejecutivo publicó las reformas el pasado 10 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación.
Acción Nacional no avala la militarización y sí el fortalecimiento de las policías civiles. Las fuerzas armadas están diseñadas para cumplir labores de defensa de la soberanía y no para ser policías. Vamos a defender nuestras convicciones en los organismos facultados y presentaremos los instrumentos jurídicos que hagan posible que la seguridad pública tenga mando civil y no militar.
Pero esto no termina ahí, inexplicablemente la bancada de otro Grupo Parlamentario de Oposición presentó una iniciativa de reforma constitucional para prorrogar la militarización del país; modificando el quinto transitorio del artículo 21 constitucional que da facultades a las fuerza armadas para hacer labores de seguridad pública durante 4 años, con vencimiento a marzo de 2024; pretendiendo ampliar el plazo a 9 años.
No coincidimos con los argumentos de la iniciativa y como lo externó el presidente nacional Marko Cortés, “la prórroga que plantean, no solamente extiende la actuación inconstitucional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, también valida y amplía por 4 años más, la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado y esto potencia por más del doble, dado que serían 4 años más, los desastrosos resultados que hoy se tienen y no hay duda que se pueden anticipar las terribles cifras de homicidios violentos y desapariciones”.
Acción Nacional exige que se corrija la fallida estrategia de seguridad, que ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil; así como que esta esté bien pagada, capacitada, equipada y organizada.
Como lo hemos venido haciendo desde el inicio de esta legislatura, las y los diputados panistas seguiremos dando el debate, para que esta iniciativa no alcance los votos necesarios en la Cámara de Diputados.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
@JORGEROHE
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