El hecho de que en México el Ejército esté llevando a cabo tareas de seguridad pública es una situación fuera de lo normal. En 2006, cuando se tomó la decisión de llevar a las fuerzas armadas a las calles para combatir al crimen organizado, se dijo que era una medida extraordinaria y temporal.
El hoy Presidente tronó entonces contra esta decisión y prometió que, en su momento, regresaría a los soldados a los cuarteles.
La estrategia fue muy controvertida, y aunque en un inicio se vieron ciertos avances, no se logró una reducción de la incidencia criminal. La temporalidad de la medida fue ampliándose, siempre con la anunciada intención de que el Ejército estaba en tareas de seguridad pública, coadyuvante de la fuerza civil.
Las tareas de seguridad pública corresponden primariamente a las policías. La responsabilidad de su formación es de los alcaldes y de los gobernadores; es la proximidad y el conocimiento del entorno lo que caracteriza a estas fuerzas del orden, y la participación de las fuerzas armadas es un apoyo en virtud de la situación extrema en que nos encontramos.
Con el alargamiento de esta medida extraordinaria, los municipios dejaron de invertir recursos en la formación de su propia policía, y lo mismo hicieron los estados, al tiempo que el Ejército amplió su participación en actividades que no son propias de su tarea fundamental de velar por la seguridad nacional.
Un dato que pasa desapercibido para la mayoría de la población es la diferencia entre el Ejército y la Guardia Nacional: los ejércitos se encargan de la seguridad nacional, de enfrentar a quienes ponen en riesgo o amenazan al Estado. Las policías se encargan de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana.
Con el arribo al poder del actual Presidente, se esperaba que, como lo prometió, los soldados regresarían a sus cuarteles. No fue así, usó la figura de la Guardia Nacional, existente en nuestra Constitución desde el Siglo XIX, e involucró a las Fuerzas Armadas en su constitución. La Guardia Nacional fue creada por decreto del 26 de marzo de 2019, reemplazando a la Policía Federal.
En las negociaciones con la oposición para la aprobación de la Ley, se especificó que la Guardia tendría un mando civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que la participación del Ejército se reduciría paulatinamente.
En el tiempo transcurrido desde la instalación de la Guardia Nacional no se ha reducido la incidencia criminal, los cárteles han ampliado su presencia en el territorio nacional, las muertes han aumentado, la inseguridad ha crecido…
En abierta contradicción con lo acordado, y con lo legalmente establecido, el gobierno ha decidido, con su mayoría en el Congreso, que la Guardia Nacional pase a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, contraviniendo su discurso y promesa de campaña.
El 8 de septiembre se decidió la militarización de México.
POR CECILIA ROMERO CASTILLO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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