El ciberespacio no tiene fronteras ni límites. Se ha vuelto el área indispensable de la comunicación humana y el asiento privilegiado de los avances tecnológicos; sin embargo, es inseguro y carece de un marco regulatorio global.
De ahí, sorprende que la gobernanza del internet no sea objeto de un gran debate en la opinión pública nacional y mundial, más allá de las discusiones en algunos foros multilaterales.
El ciberespacio es hoy el escenario donde confluye la economía digital, el espionaje político o industrial, las acciones militares, la ciberdelincuencia, y las estrategias de manipulación de la opinión pública para influir, por ejemplo, en elecciones en otros países o desestabilizar a gobiernos rivales.
Si bien la transformación digital ha elevado el estatus socioeconómico de millones, también ha introducido oportunidades para los hackers y el cibercrimen. La expansión del internet que alcanza ya 5,473 millones de personas, es decir 68% de la población mundial, ha traído también numerosas vulnerabilidades al sistema digital en todo el orbe, lo que hace que el panorama de las amenazas cibernéticas sea cada vez más crítico.
Un ataque por medios cibernéticos puede ser provocado por un Estado, un grupo terrorista o criminal, y hasta por una empresa o por actores que ocultan su identidad.
Según la revista especializada cybercrime, las pérdidas y daños acumulados en todo el mundo por los cibercrímenes en 2021 alcanzaron la estratosférica cifra de seis trillones de dólares, lo que equivaldría –si se tratara del PIB de un país– a la tercera economía más grande, después de Estados Unidos y China.
Como hemos visto en los últimos meses, la tecnología digital ha jugado un papel muy importante en la guerra en Ucrania. Los ciberataques han venido incrementándose conforme el conflicto ha ido escalando. Acciones que involucran el llamado big data, las plataformas sociales y otras herramientas digitales pueden comprometer la operatividad de la infraestructura y los servicios esenciales de un país, impactando directamente la situación militar. Otras expresiones, como las criptomonedas pueden incidir en el funcionamiento de una economía o en la efectividad de sanciones.
Desafortunadamente, no contamos todavía con un gran tratado internacional sobre el ciberespacio hecho a la medida para regular el uso de las nuevas tecnologías. El Convenio de Budapest de 2004, es el primer acuerdo internacional destinado a reducir algunos delitos informáticos mediante la armonización de las leyes nacionales y el aumento de la cooperación internacional, pero sus alcances son limitados.
Urge, por tanto, lograr consensos de alcance global para enfrentar las múltiples amenazas, ciberataques y ciberdelincuencia que están afectando a naciones enteras, infraestructura básica, el desarrollo industrial, los negocios y hasta nuestras comunicaciones personales. Mientras esto no ocurra, todos deberíamos prestar más atención y cuidado con los sitios que visitamos en el internet, usar contraseñas seguras y contar con aplicaciones de ciberseguridad que protejan nuestros dispositivos.
POR CARLOS DE ICAZA
EMBAJADOR EMÉRITO Y EXSUBSECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES
@CARLOSDEICAZA
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