Diez mineros continúan atrapados a decenas de metros bajo tierra. Ello no impidió que, a casi un mes de la desgracia, los familiares hayan resultado defraudados por las autoridades. Este 30 de agosto se supo que solo se podrán recuperar los cuerpos de los trabajadores, si acaso, dentro de unos seis meses cuando menos.
El tres de agosto se inundó la mina El Pinabete en Sabinas Coahuila, pero a esta fecha aún no se ha determinado quién es el dueño y/o usufructuario de la mina (respecto a fincar responsabilidades sobre él y sobre autoridades diversas —Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, Comisión Federal de Electricidad—, mejor no hablamos).
Lo que es peor, en una muestra más de la nula importancia que tiene el dolor de los familiares de esta tragedia — y de los ciudadanos en general a quienes supuestamente sirven—, Luisa María Alcalde Luján celebró su cumpleaños en las redes sociales con globos y risas. De hecho, una semana después del accidente, avisó que no ha estado ni estará físicamente en la mina de Sabinas, “porque la dependencia que ella encabeza no está a cargo del rescate…”.
En ningún momento el gobierno ha levantado dudas o sospechas sobre las razones que podrían estar explicando el ocultar los nombres de quienes debían haber brindado seguridad a sus trabajadores y no lo hicieron; tampoco en lo relativo a una CFE que nunca comprobó la seguridad de la mina a pesar de comprar ahí carbón. Existe un hermetismo absoluto.
Pero, eso sí, ante el grito de dolor de los familiares quienes ya van dos veces que exigen la renuncia por negligencia de la licenciada en historia y arte, Laura Velázquez, quien funge como coordinadora federal de Protección Civil, López Obrador lo calificó de politiquería barata. Ocupada estuvo en que agencias nacionales y extranjeras “avalaran” su estrategia, cuando sabemos que el único y verdadero aval es sacar a la superficie a los mineros, vivos o muertos.
La 4T anuncia, entonces, que indemnizará a los familiares por arriba de lo marcado por ley, mientras que AMLO señala: “los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad llegarán al lugar donde están los cuerpos”. No hay mucho que esperar en ese sentido; su gobierno también está buscando rescatar los restos que yacen enterrados en Pasta de Conchos (63 cuerpos a raíz de una explosión ocurrida en febrero de 2006), y hasta ahora solo se tuvo el anuncio del comienzo de la búsqueda (por ahí del 2020) y nada más.
Para rematar, en una suerte de broma macabra, el presidente López Obrador encomendó a Manuel Bartlett “aplicarse para rescatar a estos mineros”.
Desafortunadamente ellos y sus familiares se han encontrado con un hato de incompetentes y soberbios en las distintas instancias gubernamentales. Porque el equipo interinstitucional para el rescate, al desdeñar ayuda extranjera que se ofrecía para taponear de forma gratuita el punto de filtración del agua, solo puede recibir dichos calificativos.
Alain Pawlak, representante de la empresa alemana Délano Schmidt y Kranz, dijo en entrevista para la prensa que su empresa hizo una primera propuesta de ayuda gratuita a los encargados del rescate hace más de tres semanas. ¿La respuesta recibida? “Su oferta será analizada”. Pues bien, en el análisis se perdió la posibilidad de rescatar a los mineros con vida. Veintiún días más tarde, el grupo interinstitucional buscó al mencionado experto por exigencia de los familiares. Una vez contactado fallaron, no obstante, en proveerle la información que requería: especificarle de dónde proviene el agua que se filtra a la mina.
Conocemos bien cómo la 4T ha utilizado las tragedias acaecidas en otras administraciones para lucrar políticamente. Hoy, que la desgracia señala al gobierno federal, el ejecutivo “más humanista que ha tenido México” entierra un problema para que este no manche su cuarto informe de gobierno.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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@MALOGUZMANVERO
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