La prevalencia de la práctica generalizada de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en México ha sido ampliamente documentada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Lamentablemente, la respuesta a una problemática social, legal, y cultural no ha sido suficiente para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
Frente a este panorama, el 24 de junio de 2019, a dos días de la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, el Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval Ballesteros, anunció la creación de una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos (STCT), dentro de la Dirección General. Esta área especializada, conformada por un pequeño grupo de jóvenes abogadas y abogados y una científica forense, tiene el objeto de coordinar, supervisar y realizar acciones de monitoreo, incidencia, investigación, análisis y seguimiento a la respuesta institucional frente a los actos de tortura y malos tratos.
La creación de una STCT dentro de una institución de defensa pública constituye una medida pionera e innovadora en la región y en el mundo. Otros países de América Latina cuentan con instituciones de defensa pública con enfoque de derechos humanos, sin embargo, son pocos los países que cuentan con una unidad, comisión, o sección específica, especializada en el combate a la tortura y malos tratos, con el mismo alcance que el de la STCT.
Para poder cumplir con sus atribuciones, la STCT precisa de una correcta identificación y documentación por parte del personal del IFDP, en especial quienes brindan servicios de defensa y asesoría jurídica. Por ello, con el apoyo de expertas nacionales e internacionales, se han elaborado herramientas que faciliten la identificación y documentación de estas violaciones. Es el caso de la Cédula de atención para la documentación de hechos de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes y su Guía Práctica, la compilación jurisprudencial, y los lineamientos de actuación para personas defensoras públicas ante la posible comisión de este delito.
Gracias al trabajo de las personas que brindan servicios jurídicos y al uso de estas herramientas, el IFPD presentó en los últimos tres años más de 5,100 denuncias por la posible comisión de actos de tortura o malos tratos. Estas denuncias se presentaron ante las fiscalías especializadas para la investigación del delito de tortura, tanto federal como estatales. En aquellos estados donde no se ha creado una fiscalía especializada, se han presentados demandas de amparo por omisión legislativa, que han resultado en ocho sentencias federales que obligan a los congresos estatales a adecuar sus leyes para crear la fiscalía especializada, como lo mandata la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes desde el 2017.
Otra estrategia implementada ha sido la de impulsar las investigaciones penales por el delito de tortura. Derivado de la falta de resultados tras la denuncia de estos actos, la STCT ha interpuesto más de 200 demandas de amparo en todo el país, reclamando la dilación y falta de debida diligencia por parte de las fiscalías estatales y la federal en la investigación de este delito.
Estos juicios han derivado en precedentes novedosos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, sobre la relación entre el Registro Nacional del Delito de Tortura y la obligación de investigar con la debida diligencia (Contradicción de Tesis 31/2021) o en relación con el interés legítimo de la STCT para acudir al amparo para impulsar las investigaciones en casos de tortura (Contradicción de Criterios 356/2021).
Cabe resaltar que estas estrategias de litigio nacional no habrían sido posibles sin la e-justicia, a través del juicio en línea que ha impulsado la administración del Ministro Arturo Zaldívar desde inicio de 2019.
Otra estrategia novedosa desde la administración del Director General es el litigio internacional para generar cambios judiciales, legislativos y administrativos en el país. La STCT ha presentado peticiones y comunicaciones, ante organismos internacionales de derechos humanos. Por primera vez en la historia del IFDP se obtuvieron pronunciamientos internacionales como la Opinión respecto de Brenda Quevedo Cruz, o las medidas provisionales otorgadas por el Comité contra la Tortura en dos casos de personas representadas por personas defensoras públicas. Estas acciones complementan la estrategia nacional para contribuir en el combate a la tortura y malos tratos desde una perspectiva estructural y sistemática, partiendo de la identificación de patrones y problemáticas nacionales.
Todavía faltan muchos esfuerzos y voluntades para que el combate a la tortura en México sea parte de un pasado lejano y no de una realidad cotidiana. El trabajo del IFDP a través de su STCT, junto con otras áreas creadas en la presente administración, como la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, han contribuido a posicionarlo en los últimos tres años, como una institución que defiende los derechos humanos de las personas más necesitadas.
POR SALVADOR LEYVA MORELOS-ZARAGOZA
SECRETARIO DE COMBATE A LA TORTURA DEL IFDP
CAR
Sigue leyendo:
El agua, la nueva crisis que se viene