“Ilocalizable” murmura Diana mientras su llamada es desviada al buzón de voz de su expareja, padre de su hija de seis años. Después del juicio, Diana lo denunció por haber dejado de dar pensión alimenticia entre 2017 y 2018. Ahora, adeuda $69,600.00 pesos por pensiones vencidas.
Aún así, su expareja, quien fue inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) por órdenes del juez, interpuso una apelación para después promover un juicio de amparo, al parecerle violatorio que le prohibieran salir del pais hasta cumplir con el pago de la pensión alimenticia.
Para Diana, la violación de sus derechos es, que su expareja haya decidido vulnerar el desarrollo de su hija, omitiendo los recursos que le permitirían un acceso digno a alimentos, educación, vestimenta y asistencia médica.
Mientras Diana intenta localizarlo, se anuncia que su expareja aspiraba a un cargo de elección popular. “Ni para útiles escolares me dió, ¿Qué hará por los niños y niñas de este país?” se burlaba, incrédula. Y es que, ¡Diana tiene razón! ¿Qué podemos esperar de un aspirante a un cargo público que no se responsabiliza ni de su propia hija?
Legisladoras panistas y de otros partidos, introdujeron la iniciativa 3 de 3 al Congreso de Yucatán para garantizar que ninguna persona aspirante a un cargo público tenga antecedentes por deuda alimenticia, acoso o agresión sexual y agresión familiar en razón de género. Aprobándose el pasado 31 de mayo de 2022.
Esta iniciativa ha sido impulsada por asociaciones civiles en todo el país, sin embargo, el 7 de julio, la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad argumentando discriminación y gran afectación contra las personas deudoras alimentarias.
La CNDH recurrió a la Corte, aún sabiendo que el 67.5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, que en el 91% de los casos, los acreedores alimentarios son las hijas e hijos, que el 40% de las niñas y niños tienen a un padre ausente y que las mujeres son el sostén del 40% de los hogares mexicanos.
En 6 meses, se presentaron 15 mil 495 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en 3 años ingresaron más de 55,000 expedientes por solicitud de alimentos, solo en la Ciudad de México, y casi el 90% tramitados por la madre. Se añadieron a 192 deudores al REDAM. Durante la pandemia, se elevaron en un 200% las demandas de manutención y en un 90% los deudores alimenticios no reciben sentencia.
La omisión del pago alimenticio es una forma de violencia económica ejercida principalmente contra las madres. La CNDH debe proteger los derechos humanos de las personas vulneradas, además de promover la paternidad responsable, no premiándolos con puestos de poder.
Esperaremos la respuesta de la Corte y del ministro Zaldívar, quien dice estar comprometido en la lucha contra la violencia de género. Mientras, es importante reconocer la necesidad de homologar la iniciativa 3 de 3 en todo el país.
Me uno a las voces de Diana y de miles de mujeres que exigen una paternidad responsable, y al reclamo ante la titular de la CNDH que una vez más muestra desprecio hacia las mujeres, fomenta el desapego a las hijas e hijos y defiende a los irresponsables.
Laura Esquivel Torres
Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN
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