La tesis principal de la Fiscalía “carnal” contra el exprocurador Jesús Murillo Karam es que dejó de hacer cosas para encontrar la verdad sobre lo acontecido en Ayotzinapa, más allá de algunos señalamientos irrisorios en su contra, como el de la desaparición forzada, dado que el tipo penal fue creado en 2016 y el indiciado fue procurador hasta 2015. Dicho argumento resulta interesante a la luz de conductas similares de flamantes cuadros de la 4T.
Si de una responsabilidad penal por omisión se trata, el caso más emblemático del sexenio es el del subsecretario Hugo López-Gatell, el criminal manejo de la pandemia lo hace responsable del genocidio por omisión de decenas de miles de mexicanos a los que les negó originalmente una prueba COVID, a quienes jamás les dotó a tiempo de un diagnóstico, de una cama en un hospital o de medidas sanitarias adecuadas, oportunas y obligatorias como el uso del tapabocas.
El manejo de la pandemia se caracterizó por dos conductas mezquinamente criminales: la primera fue la falta de medidas y de gasto oportuno para ofrecer pruebas masivas gratuitas desde abril de 2020, falta de apoyos económicos emergentes que permitieran quedarse en casa sin tener que poner en riesgo la vida por su precaria condición económica, y el manejo político de los colores de los semáforos epidemiológicos al capricho y contentillo del inquilino de Palacio Nacional.
La segunda, la prohibición, sabotaje y obstaculización de otros actores durante la misma, como fue el caso del sector privado al que se le prohibió de facto ofrecer vacunas COVID-19 y al que se retardó lo más posible el uso de pruebas accesibles como las de antígenos; además, del manejo criminal e irresponsable de la Ivermectina con fines políticos, y el sabotaje de otros medicamentos que sí demostraron ser útiles, como el Remdesivir.
Adicionalmente, desde la Secretaría de Salud se prohibió, por instrucciones de AMLO, a los gobernadores y alcaldes poder adquirir vacunas antiCOVID-19 y en general poder invertir en infraestructura como redes de frío y otros requerimientos para poder sumarse en los momentos más álgidos, desde la oposición, en un espíritu nacionalista al esfuerzo por salvar vidas, de tal suerte que sólo AMLO y nadie más pudiera capitalizar los apoyos durante la pandemia a los mexicanos.
Pero, en términos estrictos de procuración de justicia, tenemos otro caso emblemático, el de Ernestina Godoy, la “fiscal carnal” de la CDMX. Primero, por la fabricación de delitos en el caso de Alejandra Cuevas Morán, al inventar el delito de “garante accesorio” con motivo del cual estuvo injustamente en prisión hasta que la SCJN, por la presión social, se vio obligada a revisar su caso y decretar su inmediata libertad.
En el rubro de omisiones, la más flagrante y obscena ha sido la de la Línea 12, llegando al extremo de violentar un amparo que obtuvieron los familiares de las víctimas, que les obligaba a citar a declarar a Florencia Serranía. Bajo el monopolio de la acción penal, Godoy decidió, por instrucciones de Sheinbaum, no incluir a Serranía en la teoría del caso, así de simple, no investigarla siquiera. A pesar de que los peritajes, tanto contratados por la fiscalía, como por la propia Jefa de Gobierno, coincidieron en que la falta de mantenimiento fue una causal igualmente importante a la mala ejecución de la obra, jamás se le citó a declarar a la responsable de las 26 muertes.
La fiscalía se ha rehusado sistemáticamente a investigar el caso y a valorar la evidencia técnica, pues fungió sólo como instancia conciliatoria observando cómo las empresas responsables de la obra compran justicia a “billetazos” para evitar su inhabilitación y poder seguir teniendo contratos públicos con Morena, evitando así el desprestigio mundial y la consignación penal de sus funcionarios. No hay nadie en la cárcel, ni inhabilitado, y por consigna de Sheinbaum sólo se ha vinculado a proceso a los exfuncionarios de la época de Ebrard, y a los de ella “ni con el pétalo de una comparecencia” se les ha importunado.
Si el obstruir el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas deriva en una sentencia contra Murillo Karam, sin duda abrirá un abanico de posibilidades para poder encarcelar a fiscales y juzgadores que hacen mal, o peor aún, que, por razones política, jamás hacen su trabajo con ética e imparcialidad. Cualquier caso de exoneraciones de políticos corruptos por “chivos expiatorios”, o de fabricación de delitos confirmados por jueces, terminará con muchas nuevas sentencias habiendo dotado de nuevas herramientas legales a los ciudadanos.
POR FEDERICO DÖRING
DIPUTADO DE LA CDMX POR EL PAN
@FDORINGCASAR
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