Esta semana —probablemente hoy mismo—, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverán uno de los temas más trascendentales de los últimos años. Se trata de una acción de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobada en octubre de 2017 sobre un tema llamado “derechos de las audiencias”.
Es probable que los ministros determinen que esas modificaciones legales fueron mal hechas en su momento por los legisladores, y que dicten la inconstitucionalidad de ciertos artículos. Esto obligaría al Poder Legislativo a corregirlos y a legislar de nueva cuenta en unos meses. No obstante, los ministros deben cuidar qué preceptos legales son lo que dejarían vigentes tras un fallo de esta naturaleza, porque si se tira a la basura instantáneamente lo que hoy está en vigor podrían alterar gravemente a la gente y a la industria de radio y televisión.
¿En qué consistiría esa alteración? En que las empresas de radio y TV quedarían obligadas a diferenciar en cada noticiero cuándo cada periodista y comunicador está emitiendo una información y cuándo una opinión; a que los códigos de ética de cada estación de radio y TV deberán ser avalados por el Estado (práctica a todas luces perteneciente a un Estado autoritario); y a que el Gobierno nombre a personas supervisoras para cada programa de radio y TV con el pretexto de velar por los derechos de las audiencias.
Hay una horda de entusiastas radicales de la 4T que desean que la Suprema Corte falle en este sentido, tumbando los cambios legales de 2017 y dejando preceptos autoritarios vigentes mientras el Legislativo aborda el tema de nueva cuenta.
Esto es lo que deben evitar los ministros. Incluso la supervivencia de muchas estaciones de radio y TV quedaría comprometida porque serían sujetas a multas de hasta 3 por ciento sus ingresos anuales y a que se suspendan sus transmisiones si la autoridad determina que el algún programa no diferenció adecuadamente opinión de información.
Con ello entraríamos a un limbo de incertidumbre jurídica donde el Estado podría dirigir a la opinión pública, dado que quedaría tentado a entrometerse hasta la cocina de la vida operativa de las televisoras y radiodifusoras. Y las audiencias saldrían corriendo, por la sencilla razón de que habría frankensteins auditivos y visuales que avisarían cada minuto si lo que se ve o se escucha es una opinión o mera información.
Los ministros tienen una gran responsabilidad. Su mejor alternativa es dejar vigentes los preceptos actuales en tanto el Legislativo no corrija adecuadamente la ley.
EBRARD
El canciller no baja la guardia en el tema de la movilidad eléctrica, que ya capturó para su causa y futuro. El viernes visitó la fábrica de Ford donde se ensambla el Mustang eléctrico para exportación.
POR CARLOS MOTA
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