Si el diálogo ideal de la sociedad se da en la democratización del Estado, la paz se da en la consolidación de un Sistema de Justicia efectivo. Uno que tenga los candados y equilibrios necesarios para aplicar la ley de una manera más o menos ordenada, y que sirva como catalizador que repare un tejido social fragmentado entre la violencia, la corrupción, la pobreza y la desigualdad.
La modernización de un aparato judicial es parte de nuestros grandes pendientes como país. Concretamente el Sistema Penal, el cual se encuentra colapsado, con un 40 por ciento de los reclusos permaneciendo por años en los centros penitenciarios sin recibir sentencia.
Son poquísimos los delitos en los que se lleva el debido proceso de investigación e integración de carpetas, la mayoría de las averiguaciones se realizan vía tortura y la siembra de evidencias es una práctica común en los Ministerios Públicos.
La falta de procedimientos claros y apegados a derecho hace urgente una reingeniería al interior del aparato judicial, sin embargo, este gobierno optó simplemente por fortalecer la figura jurídica de Prisión Preventiva Oficiosa.
Es una salida fácil que pretende ocultar los verdaderos problemas del Poder Judicial, pues elimina la necesidad de la investigación y la sentencia. Con el simple hecho de ser sujeto de investigación es suficiente para que una persona sea ingresada como recluso a un Penal.
Sumado a la desafortunada relación con la que opera el Poder Ejecutivo para con el Judicial, crean un sistema perfeccionado y especializado, no en perseguir criminales, sino a personas del interés del Estado.
Es así que el Gobierno puede extorsionar y chantajear a sus rivales políticos. Una manera para quitarse obstáculos del camino. La prisión preventiva oficiosa ayuda al gobierno a construir sus narrativas desde el Poder: no importa qué pasó, ni cómo, importa lo que el gobernante en turno dice que importa, y es culpable quien dice que lo es.
No hay evidencias ni procesos apegados a derecho. Simplemente se arresta a funcionarios de otros sexenios o políticos disidentes, sólo para dejarlos posteriormente en libertad, a falta, precisamente de que no se logra probar nada de lo que se afirma como delito.
Mientras el crimen organizado bloquea carreteras sin que ninguna autoridad pueda plantarle cara, el Presidente manda a arrestar funcionarios sin absolutamente ninguna evidencia, y utiliza la palestra mediática para desviar la atención de las incapacidades de este gobierno.
Andrés Manuel afirma además que abrogar la figura jurídica de prisión oficiosa abona al crimen organizado y actualmente habría muchos criminales en las calles. Pero si lo analizamos, esta medida no ha logrado reducir la cifra de delitos, ni mucho menos la violencia en el país. Los delincuentes son los que se pasean por las calles actualmente.
La eliminación de la prisión preventiva representa entonces una prioridad. Un primer paso para desmantelar un sistema corrupto y que funciona con base en chantajes políticos y montajes.
POR GINA TRUJILLO
COLABORADORA
@GINATRUJILLOZ
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