Esta semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que iniciaría acciones legales en contra del Fondo de Acceso Global para Vacunas contra Covid-19 (COVAX, por sus siglas en inglés) de la ONU, por la falta en la entrega de vacunas, tras el pago de 160 millones de dólares por hasta 52 millones de dosis, de las cuales se ha recibido menos de la mitad de esta cifra.
Tras este anuncio, se dio a conocer que dicho mecanismo entregará a México 10 millones de dosis de vacunas de uso infantil, de acuerdo con representantes de la Alianza Gavi, uno de los organismos que codirigen COVAX, tras meses de negociación con autoridades mexicanas, las cuales confirmaron que se llegó a un acuerdo entre ambas partes.
COVAX es un esfuerzo colaborativo mundial entre gobiernos, comunidad científica, organizaciones de la sociedad civil y autoridades sanitarias surgido en 2020 con el objetivo de acelerar el desarrollo, producción y acceso a pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas contra Covid-19 de manera más equitativa en países de ingresos bajos.
Sin embargo, sus objetivos iniciales de distribuir 2 mil millones de dosis de vacunas se han ido quedando cortos al punto de que se reconoce no será cumplida esta cifra, además de que la plataforma ha sido acusada de marginar a las organizaciones que representaban los intereses de los países con menos acceso en sesiones de alto nivel.
Sin duda, se trata de una situación compleja que exhibe las carencias institucionales y deficiencias en el acceso a medicamentos, desafortunadamente, ese mismo reclamo que hace el presidente López Obrador por el incumplimiento en la entrega de vacunas, lo hacen millones de mexicanos que padecen un desabasto ocasionado no sólo por la reducción en la producción internacional de alternativas clínicas, sino por la decisión de reestructurar las operaciones y funcionamiento de los órganos de adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos.
Bajo el argumento de la lucha contra la corrupción, el gobierno federal atentó en contra del sistema de compras consolidadas que había venido operando a través del IMSS, además de satanizar a la industria farmacéutica nacional e internacional. Nunca se profundizó en el entendimiento de los procesos, por ejemplo, las diferencias entre producción y distribución dentro de dicha industria, así como la compleja logística que ello representa, a diferencia de lo que el presidente minimiza al sobre simplificar las cadenas de suministros, expresando que es como transportar papas y refrescos.
Las consecuencias por la falta de acceso a medicamentos, insumos médicos y vacunas surgen, se agudizan y se prolongan dentro de un sistema nacional de salud incapaz de garantizar el acceso a la salud, como un derecho constitucional. Las cifras ahí están, el desconocimiento, la falta de pericia política y técnica son las responsables de la crisis que vivimos hoy en México. No es ninguna victoria la advertencia del presidente a la ONU, ni mucho menos la precariedad con la que los servicios de salud y seguridad social atienden a los millones de mexicanos más vulnerables.
POR AZUL ETCHEVERRY
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