En anterior colaboración, comentábamos el caso de las pensiones VIP, también llamadas pensiones doradas, que se pagan en las entidades federativas a exfuncionarios locales privilegiados, con montos de escándalo que van desde los 100 mil hasta los 208 mil pesos mensuales.
Es una problemática que indigna a miles de derechohabientes de las instituciones estatales de seguridad social. Estamos hablando, ya sea de servidores públicos en activo o retirados, al igual que sus familiares, que perciben un sueldo o pensión modesta, que en la gran mayoría de los casos, apenas alcanza para solventar sus necesidades.
¿Cómo no va a ser ofensivo para ellos, que un puñado de exfuncionarios, que por décadas resultaron favorecidos por el erario, ocupando puestos de primer nivel que en su momento pudieron representar, encima de todo ello, pretendan seguir sangrando el presupuesto de sus entidades de manera vitalicia, percibiendo una pensión o jubilación que puede superar por mucho el sueldo actual del Presidente de la República?
A continuación, presento una serie de ideas básicas que podrían intentar los gobiernos estatales al respecto:
Primero, establecer un tope legal sensato y prudente a nivel estatal; es importante que dicho tope quede fijado en UMA’s. También sería importante cuidar que este monto máximo no supere el sueldo del primer mandatario, ya que, de acuerdo a la Constitución, ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, menos aún al jubilarse.
Segundo: revisar a detalle cada caso y cada expediente, como parte del procedimiento de otorgamiento de pensiones, para verificar si se cumplieron a cabalidad los supuestos normativos en cada momento.
Tercero: valdría la pena legislar un marco y estándares comunes para todos los sistemas estatales de pensiones, que incluya este tema y otros, como la temporalidad del último sueldo o promedio a ser considerado para la pensión.
Cuarto: los estados que ya fijaron topes tienen que ser más audaces en sus mecanismos de defensa jurídica, cuando los "afectados” aleguen mantener su privilegio con base en el principio de no retroactividad de la ley; esto es elemental, porque los millones de pesos que se dilapidan en jubilaciones fifís, son millones de pesos que sustraen de los fondos y reservas, y que impiden, literalmente, fondear servicios de salud —medicamentos, tratamientos, cirugías— de los derechohabientes que hoy más lo necesitan.
Gobernar es definir prioridades: ¿qué es más importante, mantener la salud de un modesto servidor público, o pagar el mantenimiento de la casa de verano de algún político encumbrado?
POR JESÚS ÁNGEL DUARTE
COLABORADOR
@duarte_tellez
MAAZ