Las siglas ESG están teniendo gran auge en el entorno corporativo. Pero, ¿qué son? Significan gobernanza, medio ambiente y entorno social (por sus siglas en inglés) y son los criterios clave que los inversionistas analizan para elegir entre una y otra inversión, privilegiando aquellas que sean sostenibles, con buena gobernanza y socialmente responsables.
Actualmente, el 10% de los activos en todo el mundo (aproximadamente 35,000 mdd) están invertidos en fondos etiquetados como ESG y se espera que en 2025 superarán los 50,000 mdd. Este incremento es una señal del mercado sobre la importancia de los criterios ESG.
Sin embargo, aunque la “S” de ESG subraya la importancia del entorno social, gran parte de los portafolios se centran en la agenda verde y no aportan avances notables en cuanto a los derechos humanos se refiere. Alcanzar las metas de descarbonización del Acuerdo de París también requiere un enfoque de derechos humanos.
Para ello, necesitamos abordar los impactos en los derechos humanos como un elemento central del gobierno corporativo. Esto implica la integración de estándares internacionales de derechos humanos en las empresas. Significa escuchar e involucrar a las personas y poblaciones vulnerables, incluidas las voces críticas, en la gobernanza de las mismas empresas.
Pero, ¿cómo hacerlo? Naciones Unidas publicó el Marco para el Informe de los Principios Rectores, la cual es una guía integral para que las empresas sepan los pasos que deben hacer en materia de derechos humanos, en virtud de su responsabilidad al respecto.
A continuación, cito seis ejemplos que pudieran ser un ejemplo de traducción de los derechos humanos en el entorno laboral a un lenguaje cotidiano:
El primero de ellos es el derecho a la libre discriminación. Como primer paso se debe escuchar e involucrar a las personas de grupos vulnerables cuyos derechos pueden verse afectados directamente en la empresa; por ejemplo, personas que son discriminadas racial o socialmente; mujeres; migrantes; personas con discapacidad; minorías étnicas e indígenas; o personas de la comunidad LGBTQ+, entre otras. Sus sugerencias deben ser evaluadas y, en la medida de lo posible, tomadas en cuenta al más alto nivel de las empresas.
El segundo es el derecho a la privacidad. Las empresas deben impulsar lo más posible sus procesos de reclutamiento a ciegas, reduciendo el sesgo que pueda tener la o el evaluador. Deben eliminar la solicitud de pruebas de embarazo y de VIH, entre otros, como parte de las solicitudes de trabajo.
Un tercero es el derecho de protección a la familia, por lo que las empresas deben otorgar los beneficios a las parejas (incluyendo del mismo sexo), sin importar su estado civil o reproductivo.
El cuarto es el derecho a disfrutar de condiciones dignas y satisfactorias de trabajo. Las empresas deben garantizar que las personas que laboran en sus instalaciones gozan de sueldos y prestaciones acordes a su responsabilidad, aún cuando sea una tercera compañía la que pague los salarios.
El quinto es el derecho a un nivel de vida adecuado en el entorno laboral. Las empresas deben proporcionar instalaciones de trabajo y sanitarias adecuadas para las y los trabajadores.
Y el sexto es el derecho a no ser sujeto a ir a prisión por incapacidad para cumplir con un contrato. Por ejemplo, que las grandes empresas no tomen medidas contra aquellos proveedores locales que realmente no pueden cumplir con sus obligaciones contractuales.
¿Cuáles son los beneficios de aplicar un marco de derechos humanos en nuestra empresa? Los beneficios son múltiples: desde una mejor gestión de riesgos, un reconocimiento positivo y mejora de la reputación, hasta un mayor acceso a oportunidades de negocios, mejor ambiente laboral y mayor facilidad para el reclutamiento y la contratación.
La próxima vez que veas las siglas ESG, piensa en la “S”. Probablemente ahí está la solución a muchos de los retos de nuestros tiempos.
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POR ITZIAR GÓMEZ JIMÉNEZ
DIRECTORA DE PLASMAR COMUNICACIÓN
PAL
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