Al descrédito que sufrió el autoritario y sin sustento Bando 2 se unieron políticas centralistas que acabaron por sumir en un caos el desarrollo inmobiliario en la CDMX.
En 2010 se determinó que era competencia exclusiva del Invea realizar las visitas e inspecciones en materia de desarrollo urbano y uso de suelo. Dicho organismo dependía directamente de la Seduvi, la que a su vez determinaba los usos de suelo, lo que implicaba un conflicto de interés. Dejando fuera a las delegaciones, actuales alcaldías, de la responsabilidad en la materia.
El entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, reconoció el fracaso y la falta de justificación técnica para implementar el Bando 2. Claramente, lo primero que se debió hacer fue garantizar la viabilidad y suficiencia de los servicios. Además, la realidad es que el Bando 2 no impidió que, en los hechos, el resto de las delegaciones siguiera creciendo descontroladamente hacia las zonas de reserva ecológica, impulsándose otra pifia: la Norma 26, cuyo fin era incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y popular, en las áreas de actuación determinadas.
La cual generó irregularidades por parte de los desarrolladores, quienes, utilizando las excepciones de este programa, desarrollaron vivienda que no era de interés social, por lo que, para octubre de 2012, se ordenó su suspensión.
Claramente estas políticas públicas de desarrollo urbano centralizadas, mal planeadas, autoritarias e inoperantes, generaron la problemática que actualmente enfrenta la ciudad.
En Acción Nacional, ante este gran vacío legal, impulsamos desde la extinta Asamblea Legislativa reformas en materia de desarrollo urbano, entre las que destacan por ya ser Ley, las siguientes: Póliza de Responsabilidad Civil para proteger a vecinos de los daños ocasionados por las constructoras. Que los cambios de uso de suelo no sean discrecionales. Obligar la máxima publicidad de las construcciones. La Acción Pública como instrumento jurídico para que al ciudadano se le garantice legalidad. Facultad de clausurar o demoler un desarrollo irregular. Protección del patrimonio de vicios ocultos en construcciones.
El sector inmobiliario juega un papel clave en el desarrollo de México, al detonar inversiones, generar empleos y fortalecer el mercado interno, además de cumplir con una de las necesidades básicas de las personas.
Por eso, en lugar de politizar la problemática se deben sumar esfuerzos: partidos políticos, expertos y organismos públicos y privados para generar un desarrollo urbano sostenible acorde a la realidad urbana de la capital.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPAN
@JORGEROHE
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