Una de las grandes contribuciones de las Naciones Unidas al mundo actual es la promoción de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo desde luego a las mujeres. En su preámbulo, la Carta de la ONU menciona que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas. El tercer propósito de la Organización es fomentar la cooperación internacional para la solución de problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario, y el desarrollo y estímulo al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo. Idioma o religión.
Setenta y siete años después de su fundación, la ONU registra logros concretos a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, con muestran las convenciones internacionales para definir esos derechos, así como la creación de instancias especiales para promoverlos, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y ONU Mujeres.
Esta lucha internacional ha enfrentado, a lo largo de muchas décadas, enormes resistencias culturales, sociales, económicas, políticas y religiosas en muchos países, de todas las latitudes y niveles de desarrollo. En algunas naciones el movimiento a favor de los derechos de las mujeres ha encontrado oposición violenta. Las mujeres han sido reprimidas, agredidas, encarceladas y sujeto de todo tipo de abusos para negarles el disfrute de sus derechos fundamentales.
En la mayoría de los países la paridad económica o la igualdad en la representación política entre hombres y mujeres se ve aún lejana. De acuerdo con cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a nivel mundial las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que obtienen los hombres; solamente poseen el 13 por ciento de las tierras; una de cada tres ha experimentado violencia física o sexual y, en 2018, solamente el 24 por ciento de todas las personas parlamentarias del mundo eran mujeres. Claramente persisten la discriminación estructural y brechas enormes. https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals#igualdad-genero
Pero el movimiento a favor de los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres continúa, y es parte integral de todos los acuerdos internacionales a favor de un mundo más sostenible, más pacífico, centrado en el bienestar de las personas, y la preservación del planeta. Por eso la igualdad de género ocupa un lugar destacado en la Agenda 2030 y es el quinto objetivo de desarrollo sostenible (ODS). Se trata no sólo de reconocer los derechos humanos de las mujeres y niñas, sino de asegurar su incorporación integral e igualitaria al desarrollo.
Una de las metas centrales del ODS 5 es “eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina”. Según el PNUD, en el mundo hay 750 millones de mujeres que fueron obligadas a casarse antes de los 18 años, cuando todavía eran niñas. Ese matrimonio precoz, muchas veces acompañado de uno o varios embarazos, interrumpió la educación de esas niñas y las obligó a recluirse para cuidar a sus hijos y otros miembros de su familia, sin recibir por ello ninguna remuneración. Las niñas que son forzadas a uniones matrimoniales precoces, la mayoría de las veces por sus propios padres o familiares, de facto son sentenciadas a perpetuar una vida de dependencia, marginación, pobreza y episodios recurrentes de violencia.
En México estamos aún muy lejos de lograr la igualdad de género y persiste la nociva práctica del matrimonio precoz o forzado. De acuerdo con la organización Save the Children al menos una de cada cien niñas entre los doce y los catorce años es obligada a casarse o vivir en unión libre. Nuestro país es el octavo en el mundo que registra el número más alto de este tipo de uniones, con un total de un millón y medio en esta situación cada año.
A partir de 2013, INMUJERES, con el apoyo de ONU Mujeres, UNICEF y otras organizaciones internacionales, realizaron un gran esfuerzo para prohibir el matrimonio entre personas menores de dieciocho años, que fructificó en la reforma del artículo 148 del Código Civil Federal en junio de 2019. Fue un buen avance. Sin embargo, la práctica continúa. Según el Índice de Ciudades Sostenibles 2021, el 4.7 por ciento de las niñas entre doce y diecisiete años que habitan en alguna de las setenta y cuatro ciudades más grandes del país, habían sido víctimas de una unión o matrimonio forzado.
Se trata de millones de niñas a las que esta nociva práctica les ha privado de la oportunidad de mejorar su situación y vivir una vida digna. Los usos y costumbres tradicionales no pueden estar por encima de sus derechos humanos fundamentales. Estas niñas no son invisibles, pero el resto de la sociedad mexicana las mira con indiferencia. No hay ninguna justificación para el matrimonio o unión forzada. Se requiere una campaña nacional para combatir una práctica que les arruina la vida.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS ODS EN EL TEC DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS
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