Hace poco más de 2 años, un grupo de abogadas y abogados de la Defensoría Pública Federal se entrevistó con más de 20 de mujeres privadas de libertad en el CEFERESO 16 en Morelos, quienes llevan entre 8 y 15 años en prisión preventiva. Todas ellas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y la mayoría de ellas son sobrevivientes de tortura, incluyendo tortura sexual.
Tras estudiar los casos de estas 22 mujeres y analizar el panorama nacional de criminalización, violencia y discriminación contra las mujeres en México, la Defensoría tenía la obligación de actuar. Además de iniciar múltiples acciones jurídicas exigiendo su libertad y denunciando la inconstitucionalidad de la prisión preventiva que dura más de 2 años, la Defensoría Pública Federal presentó en enero de 2021, 1 denuncia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y en noviembre de 2021, 2 denuncias ante el Comité de Derechos Humanos , ambos de la Organización de las Naciones Unidas.
Las historias procesales y de vida de estas 22 mujeres reflejan que las más graves materializaciones de esta violencia se encuentran en la existencia de condiciones de internamiento incompatibles con la dignidad personal y en el abuso de la prisión preventiva. A través de las denuncias presentadas por la Defensoría Pública Federal, se expuso una realidad que parece nadie quiere ver: las mujeres privadas de libertad en México enfrentan una discriminación y violencia estructural que, en casos extremos, las lleva a la muerte.
Desde hace varios años, existe una cifra que debería de escandalizarnos. En México, 1 de cada 2 mujeres privadas de libertad, está en prisión preventiva. Es decir, hoy más de 6,600 mujeres están en prisión siendo legalmente inocentes. El hecho de encerrar por años, incluso décadas, a mujeres inocentes se agrava cuando se toma en cuenta que viven y duermen en prisiones que no garantizan las mínimas condiciones de vida digna, por ejemplo, no tienen acceso a atención médica general, mucho menos especializada.
Estas mujeres enfrentan castigos triples. Se les condena anticipadamente por presuntamente haber cometido un delito, se les reprocha por no haber cumplido con los roles de género asignados como el ser “buenas mujeres” o “buenas madres”, y finalmente se les castiga manteniéndolas en prisiones sumamente alejadas de sus hijas, hijos y familia, en las que no se les garantizan condiciones de vida digna.
Buscando denunciar y contribuir a corregir esta situación, el pasado 10 de agosto, la Defensoría Pública Federal realizó una visita conjunta al CEFERESO 16 con la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta visita confirma las injusticias que la Defensoría ha documentado desde hace varios años, así como la necesidad de impulsar acciones urgentes, de levantar la voz y luchar por los derechos de todas ellas.
Las entrevistas sostenidas con estas mujeres dejan claro que ellas tienen una voz propia que necesita ser escuchada. Las siguientes líneas constituyen una denuncia de las violaciones a los derechos humanos de estas mujeres y un esfuerzo por lograr que más personas las escuchen.
La prisión preventiva excesiva viola el derecho humano a ser presumida inocente
“He vivido 15 años en una prisión preventiva que se ha convertido en una sentencia anticipada, como si fuera culpable”. Brenda Quevedo Cruz, sobreviviente de tortura sexual en prisión preventiva desde hace 15 años.
Las víctimas (in)directas del abuso en la prisión preventiva
“Llevo 11 años y meses privada de mi libertad y prácticamente enterrada en vida, tengo aquí conmigo recluida a toda mi familia porque están sufriendo más que yo esta eterna espera de que nos escuchen y se haga justicia. Al igual que yo hay muchas mujeres a las que nos han destruido la vida y siguen destrozando familias, por favor hagan algo”. Verónica Razo, sobreviviente de tortura sexual en prisión preventiva desde hace 11 años.
La prisión preventiva en cárceles con condiciones de internamiento indignas
“Hace 4 años no veo al ginecólogo, tengo una fibrosis en el pecho izquierdo, no me han dado tratamiento y me duele”. “M”, en prisión preventiva desde hace 8 años.
“Tengo 2 quistes en el pecho que voy sintiendo cada vez más grandes, hace años no veo al ginecólogo”. “G”, en prisión preventiva desde hace 11 años.
“La cárcel es muy difícil está llena de muchas situaciones que no se imaginan… Les pido de su apoyo para que se haga justicia en nuestros procesos, ya que muchas fuimos torturadas física y psicológicamente, ya son muchos años, les pido por nuestra libertad. Si ustedes pudieran escuchar a cada una de mis compañeras otra opinión tendrían de las personas privadas de libertad”. “I”, sobreviviente de tortura en prisión preventiva desde hace 9 años.
En mayo de 2020, una de las mujeres representadas en estas acciones falleció, confirmando que, para la mayoría de estas mujeres, la prisión preventiva genera el abandono o la muerte. “Pamela” murió bajo custodia de autoridades del Estado mexicano en su día 3,261 en prisión preventiva.
Para estas mujeres, la prisión preventiva ha significado una fractura en sus vidas y las de sus familias. Sus historias coinciden en narrar detenciones arbitrarias, torturas, arraigos, traslados involuntarios, dilaciones excesivas en sus juicios, y en muchos casos, el abandono.
Hay una deuda histórica con estas mujeres. Como defensoras públicas y defensoras de derechos humanos no podemos detenernos hasta que se haga justicia. Como sociedad, debemos cuestionar nuestro sistema de justicia y la política de encarcelamiento masivo que ha fracturado las vidas de miles de mujeres y sus familias. “M”, una mujer sobreviviente de tortura en prisión preventiva desde hace 8 años señaló: “de corazón espero que se quiten la venda de los ojos y vean todo lo contradictorio que hay en mi proceso y se haga justicia dándonos nuestra libertad”.
Hay dos comunes denominadores en los mensajes que estas mujeres envían. Piden justicia para ellas y sus demás compañeras, en prisión no están solas, se acompañan en una soledad inmensa llena de injusticias. También envían un mensaje de resistencia: “no le vas a ganar al sistema, tal vez no, pero sí le das batalla” (“M”, sobreviviente de tortura en prisión preventiva desde hace 11 años). Esa batalla seguirá siendo acompañada por la Defensoría Pública Federal.
POR LAYLA ALMARAZ
SECRETARIA TÉCNICA DE COOPERACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
Layla Almaraz estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con una Maestría en Derechos Humanos en la University College London (UCL) en Reino Unido.
Cuenta con experiencia en investigación, jurídica, económica y social; y en la práctica del derecho internacional, económico, de derechos humanos y de ejecución penal. En los últimos años, ha centrado su trabajo en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, específicamente mujeres privadas de libertad. Ha realizado este trabajo desde espacios dentro de la sociedad civil organizada, así como desde el Instituto Federal de Defensoría Pública. Actualmente, es Secretaria Técnica de Cooperación Interinstitucional y Normatividad del IFDP.
CAR