En las últimas semanas, personajes del partido Morena y sus funcionarios de la CDMX y del Gobierno Federal llevaron a cabo una embestida para satanizar el desarrollo inmobiliario en varias alcaldías de la capital, casualmente en aquellas gobernadas por la oposición; desatando una autentica “cacería de brujas” en contra de adversarios políticos, en un burdo intento de capitalizar políticamente el encono de los vecinos y detener su evidente caída en la confianza de los capitalinos.
Olvidan y callan -convenientemente- que varios de los que encabezan hoy su grupo político fueron artífices y probablemente beneficiarios desde 1997, de las decisiones en materia de desarrollo urbano que generaron este caos. Incluido el propio presidente López Obrador quien apenas asumiendo el cargo de Jefe de Gobierno del D.F. (2000), impulsó las construcciones, particularmente de vivienda, tal como le gusta llevar a cabo desde entonces todas sus acciones de gobierno: de forma autoritaria y mediante un decreto (este denominado Bando 2).
Este Bando, prohibía la construcción de vivienda en delegaciones periféricas, incentivandolas únicamente en las cuatro delegaciones centrales: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Su objetivo -decía- era revertir el éxodo de sus habitantes hacia la periferia y repoblar la parte central del entonces Distrito Federal. Se partía -erróneamente como después se comprobó - de la premisa de que se contaba con infraestructura de servicios subutilizados en estas delegaciones; por ello, se pretendía fomentar la construcción de vivienda de interés social y además, evitar el crecimiento hacia las zonas boscosas de la periferia, restringiendo en ellas la construcción de unidades habitacionales y desarrollos comerciales.
A partir de ahí, de manera unilateral y centralizada, a lo largo de los últimos 20 años, se han tomado una serie de medidas desde la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Gobierno Central del Distrito Federal, que buscaban normar las construcciones, pero al mismo tiempo se eliminaron facultades en materia de construcciones de las extintas delegaciones, que persisten hasta hoy, con lo que se desencadenaron una serie de problemas.
A la entrada en vigor de las nuevas reglas administrativas en 2003, se quitó a las delegaciones la facultad para otorgar las licencias, al sustituir esta figura por la de “manifestaciones de construcción”, en las que, más que una aprobación, se toma conocimiento “bajo protesta de decir verdad” de una declaración de cumplimiento de la norma por parte de quien llevó a cabo la construcción.
POR JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPAN
@JORGEROH
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