COLUMNA INVITADA

Inconstitucional la militarización del país que pretenden desde Palacio Nacional

La propuesta de militarización del país llega en un momento en el que los abrazos y no balazos no han dado resultado y cada vez es más evidente el fracaso de su deficiente estrategia en materia de seguridad pública

OPINIÓN

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Mariana Gómez del Campo / Colaboradora / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo de 2019, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedando establecido a nivel Constitucional lo siguiente: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional”.

Como todos sabemos -a excepción de López Obrador porque no le da la gana-, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la norma fundamental que contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro del país. La supremacía constitucional es el principio básico de todo sistema jurídico, en ella se establecen las atribuciones y los límites de la Federación.

En este sentido, el hecho de pretender que mediante un simple acuerdo o decreto que emita el Ejecutivo Federal, la Guardia Nacional podría dejar de estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y quedar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, (SEDENA), institución encargada de la organización de las fuerzas armadas, resulta totalmente absurdo, pero sobre todo va totalmente en contra de nuestra Constitución y otras leyes y reglamentos.

Hay que recordarle al presidente que para modificar nuestra Carta Magna se necesita de una mayoría calificada en el Congreso y desde la oposición NO VAMOS A PERMITIR QUE PISEN LA CONSTITUCIÓN. Además, no están previendo los problemas operativos y de competencia ni de la Guardia Nacional ni de la SEDENA.

La propuesta de militarización del país llega en un momento en el que los abrazos y no balazos no han dado resultado y cada vez es más evidente el fracaso de su deficiente estrategia en materia de seguridad pública.

Debemos tener claro, que tal y como lo plantea Amnistía Internacional, los estándares internacionales de derechos humanos señalan que las fuerzas armadas solo pueden ser parte de las tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, subordinada y complementaria a una corporación civil y no militar.

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN
@MARIANAGC

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