La violencia no se puede eliminar. Se puede, sí, contener. Porque violencia existirá siempre –en México, China o Suecia–, sean los criminales que trafican; las turbas que linchan o el automovilista que agrede a la familia del coche que se le adelantó en un semáforo.
Un debate serio, entonces, exige reconocer esta realidad; no como resignación fatalista, sino como pauta pragmática para buscar soluciones que trasciendan las coyunturas y la demagogia: lo mismo el riesgo de la militarización que la ingenuidad de los abrazos.
Por ello, resulta inútil pelearse con el hecho empírico y la naturaleza humana de la inevitabilidad de la violencia. Lo relevante es entender cómo opera: quiénes la realizan y por qué; a quiénes afecta y de qué manera; cómo se ejerce en diferentes territorios geográficos y contextos sociales; de qué forma se incrusta y refugia en la vida cotidiana.
Así, se podrían trazar estrategias para que el Estado imponga el uso racional de la violencia legítima para contener el caos de la violencia ilegal e indiscriminada. Ningún gobierno puede impedir toda la violencia, todo el tiempo y en todo lugar. Pero el Estado mexicano sí podría acotarla para minimizar los daños a la población; podría marcar límites no negociables, como el asesinato de civiles (que si se transgreden detonaran acciones punitivas contundentes, que disuadan nuevas masacres); podríamos, si no extinguir, sí debilitar a la delincuencia –sus finanzas, capacidad operativa– para asegurar la hegemonía estatal sobre la criminal.
En México, no obstante, tanto el gobierno como parte de la oposición viven entre la autocomplacencia y el cliché. De entrada, prevalece la idea de “la violencia” como abstracción homogénea. Da igual si es un cártel transnacional o una banda de robacoches. El gobierno receta al capo de Sinaloa y al ladronzuelo de Yucatán el mismo paliativo: patrullajes, becas. La oposición habla laxamente de “narcoterrorismo” ante fenómenos muy diversos. Además, se prefiere pensar al crimen como un fenómeno ajeno, como si no se nutriera de múltiples complicidades; políticas, empresariales y sociales.
El lenguaje se maquilla para edulcorar la crisis: “se registraron incidentes en Juárez”, rezan los reportes oficiales. No pocos medios retoman esta semántica impersonal: “se incendia el Bajío”. Como si fuesen cosas etéreas. Además, los problemas se conjugan en un pretérito eterno: es que patearon el avispero. Y sí, pero ¿qué hacemos hoy? Esto, a su vez, induce una moral elástica: los criminales terminan siendo víctimas (el neoliberalismo, una infancia difícil, lo que haga falta); y las víctimas terminan siendo corresponsables de su miseria (¿dónde andaban, a qué horas?). Como si fuera igual quien dispara y quien recibe la bala.
Y luego está esa noción absurda de no combatir al crimen “para no provocar violencia”. A la violencia no hace falta invocarla: ya está aquí. Cada día se apodera de un nuevo territorio; coopta un nuevo funcionario; extorsiona un nuevo comerciante; recluta un nuevo sicario. Tenemos más militares en las calles, pero estamos más desamparados, porque la misión es construir aeropuertos y cimentar un proyecto político transexenal. Somos simultáneamente rehenes de la violencia de la delincuencia y de la indolencia del gobierno.
La alternativa viable y de largo plazo, una fuerza civil profesional, está hoy anulada; tanto por la cancelación del apoyo federal a policías locales, como por la fusión de facto de la GN con SEDENA. En seguridad, este sexenio está perdido. Lo mejor que podemos hacer no es ya reñir con los necios, sino empezar a pensar cómo reconstruir sobre las ruinas que dejen.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
(@GuillermoLerdo)
MAAZ