A juzgar por los resultados, la estrategia de seguridad del gobierno federal ha sido un rotundo fracaso; y el dolor humano evitable, a causa de la violencia, una cuota de sangre y sufrimiento interminable para miles de personas y decenas de comunidades lastimadas por la delincuencia y el crimen organizado.
Los últimos acontecimientos han estremecido al país, el ataque sincronizado, prendiendo fuego a establecimientos comerciales y vehículos en Jalisco, Guanajuato, Baja California y Chihuahua, entre otros, han sembrado el terror en regiones enteras ante la inacción y el desbordamiento de las autoridades de todos los órdenes de gobierno.
Con algunas excepciones, vemos con asombro la erosión de las responsabilidades públicas del gobierno federal y el reparto de culpas entre la federación, estados y municipios que evidencia complicidades criminales, descoordinación y la falta de una política de estado en la materia
No hay distractor que sirva para desviar la atención sobre el deterioro del país. La escalada de violencia deja claro que la solución no es la negación de la realidad, afirmando que “hay gobernabilidad y estabilidad” cuando se incendia el país; tampoco la polarización, reduciendo los hechos a “ataques de los adversarios políticos” e instrumentando la violencia para apuntalar los objetivos políticos del régimen; no hay salida si se simplifican las respuestas a los abrazos, las ocurrencias editoriales o la fe ciega en la buena conducta de los crimínales; la crisis de seguridad se agravará si se mantiene la cesión del orden constitucional y legal a la delincuencia y al crimen organizado, si se sigue enviando a las fuerzas del orden a contemplar la tragedia. El daño será aún mayor, si persiste la resistencia a revisar la estrategia y se militariza de facto la seguridad pública mediante un decreto inconstitucional.
Creer que con solo dejar de combatir a la delincuencia disminuirá la violencia es un absurdo; dirigir la política de seguridad bajo esa creencia es una claudicación al mandato constitucional que en el artículo 21 establece: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.
Renunciar al uso legítimo de la fuerza en defensa de los ciudadanos es ilegal e inmoral, es abdicar de una facultad y un poder que otorga la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, que en su artículo 41, reformado en 2019, establece: “Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”.
De esta grave crisis, que pone en riesgo la vida e integridad de la población, nadie sale solo, menos mal acompañado. Es momento de despejar dudas y de unir fuerzas, de hacer a un lado la arrogancia del poder y convocar a todas las autoridades y a toda la sociedad, aunque sea por sobre vivencia.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
MAAZ