Inició la realización de dos consultas: la ciudadana y la de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, relativas a los proyectos de Plan General de Desarrollo (PGD) y de Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la CDMX.
El PGD es el instrumento para la planeación de capital, no sólo en materia de desarrollo urbano, sino en todas “las materias de relevancia estratégica”; su objetivo es “la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica”, y su vigencia será de 20 años. Se trata del documento que debe dar respuesta a la pregunta: ¿para 2043, qué ciudad desearíamos en el ámbito ambiental, de desarrollo económico, de desarrollo social, de desarrollo urbano, de transporte público, de protección civil, de infraestructura, de servicios públicos, de tecnología, etc.?
Por lo que hace al PGOT, “será el instrumento que regulará la transformación de la ciudad y fortalecerá la función social de la misma para su desarrollo sustentable”, y su vigencia será de 15 años. Se trata de la herramienta rectora para el crecimiento ordenado y sustentable de la ciudad, por lo que deberá responder: para el año 2038 ¿cómo debió haber crecido la ciudad?, ¿en qué zonas?, ¿qué tipo de construcciones?; ¿crecimiento horizontal o vertical?, ¿habrá nuevas zonas industriales?, ¿cómo hacer convivir las viviendas con los establecimientos mercantiles?; ¿qué licencias de construcción aplicarían para cada colonia?, ¿cómo evitar que la ciudad crezca a costa de las áreas de valor ambiental?, ¿cómo frenar las invasiones al suelo de conservación?, ¿cuál será el futuro de los bosques de Tlalpan, de las zonas chinamperas de Xochimilco, de las zonas de cultivo de Milpa Alta?, etc. Este proceso de participación corre el grave riesgo de ser un ejercicio en vano por varias razones:
1. No puede haber una verdadera consulta ciudadana, si el Instituto de Planeación aún no cuenta con su Consejo Ciudadano.
2. La Ley del Sistema de Planeación dice que se debe convocar a la ciudadanía para participar en las etapas del proceso de planeación; sin embargo, nunca hubo convocatoria.
3. De forma ilegal el PGOT deja decisiones de planeación participativa sólo en manos de Seduvi, proponiendo normas generales como la de “cesión onerosa de derechos de edificación” para densificar la ciudad en lo que llaman las AGT (Centro Histórico, Insurgentes Universidad, Reforma, Polanco-Lomas, Santa Fe, Bosques-Lomas Altas, Cuicuilco- Perisur, Azcapotzalco, World Trade Center, Sur Aeropuerto-Central de Abasto, Insurgentes-Viaducto, Televisa San Ángel, Tláhuac, Tec de Monterrey Sur, Parque Deportivo Cuitláhuac, Nueva Industrial Vallejo, San Juan de Aragón). Las constructoras compran a Seduvi el potencial constructivo por el precio que determine, al margen de los programas de ordenamiento territorial; el dinero va a un Fondo de Ordenamiento Territorial.
Al gobierno de Sheinbaum le tiene sin cuidado las consultas, pues entre más baja participación haya, menos cambios habrá en los proyectos. En el Congreso de la Ciudad de México Morena apostará por ejercer la afirmativa ficta, es decir, que deje transcurrir el plazo de seis meses para que se vote, y ya transcurrido, se tenga por aprobado, aunque nunca se haya votado. La magnitud de lo propuesto hace que los auténticos responsables del término cártel inmobiliario –se acuñó por los funcionarios de Seduvi como Simón Neumann y Felipe de Jesús Gutiérrez, sean unos niños de pecho al lado respecto a lo que Morena hace con los polígonos de actuación y los SAC.
POR FEDERICO DÖRING
DIPUTADO DE LA CDMX POR EL PAN
@FDORINGCASAR
PAL