Al parecer, la transformación prometida por Andrés Manuel López Obrador no incluía convertirnos en una economía del conocimiento. Faltan dos años para que termine su sexenio y no se han logrado los avances necesarios en el ámbito de propiedad intelectual.
El gasto público está volcado en las obras insignia, el presupuesto de egresos de la federación para el año 2022 muestra que la partida del Proyecto de Transporte Masivo de Pasajeros, también conocido como Tren Maya incrementó 68%, el año pasado fue de 37,455 millones de pesos, ahora es de 62 mil 942 millones.
En cambio, la Secretaría de Economía que dirige Tatiana Clouthier, sufrió una reducción en su presupuesto del 47%, clara muestra de que no se trata de un área prioritaria para el gobierno federal. Uno de los organismos descentralizados que depende de la Secretaría de Economía es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) que se encarga de registrar y proteger las patentes, marcas y demás derechos de propiedad industrial.
El IMPI es un organismo que no le cuesta un sólo peso a Hacienda, capta sus recursos mediante el cobro de aprovechamientos por los servicios que presta, y cada año reporta saldos positivos.
De acuerdo con el informe de los auditores independientes De Anda, Torres, Gallardo y Compañía, en el 2020 el IMPI tuvo un superávit de 644 millones de pesos, y en el 2021 el resultado favorable se incrementó a 669 millones. Sin embargo, ese dinero que proviene de los usuarios de los servicios del IMPI, no se destina a mejorar su operación, periódicamente acaba siendo canalizado a otras áreas que la administración federal considera más importantes.
Años de políticas de austeridad mal entendidas han erosionado las capacidades del IMPI. Desde el sexenio anterior, los obstáculos burocráticos impedían contratar personal necesario para atender la creciente demanda de servicios. El problema se acentuó con la Ley Federal de Austeridad Republicana publicada en 2019, que trajo consigo la reducción de sueldos y beneficios para los trabajadores del Estado, provocando el éxodo de colaboradores de confianza que tenían amplia experiencia en la materia de propiedad industrial.
Uno de los síntomas del desgaste que enfrenta el Instituto es el rezago en el área de procedimientos contenciosos (litigio). Durante sexenios previos, el IMPI tardaba un año después de cerrar la etapa de instrucción para resolver un expediente, ese plazo se ha extendido y ahora es común esperar hasta dos años para obtener resolución, los asuntos siguen apilándose, pero ya no es humanamente posible desahogarlos sin contratar más personal.
Otra cuestión que preocupa es la falta de implementación de algunos aspectos novedosos decretados en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI).
Con la finalidad de cumplir compromisos adquiridos en el tratado de libre comercio T-MEC, la LFPPI estableció dos nuevas facultades para el IMPI, una es la posibilidad de cobrar sus multas mediante el procedimiento de ejecución fiscal, y la otra es la determinación de daños y perjuicios en casos de infracción a los derechos de propiedad industrial.
Ninguna de estas facultades se ha materializado debido a que no se han llevado a cabo los ajustes presupuestales y la contratación del personal que según la propia LFPPI debían realizarse a más tardar el 6 de noviembre del 2021.
La historia reciente nos muestra que la forma más efectiva para lograr el desarrollo acelerado de una nación consiste en transitar de un modelo económico rural a uno basado en el conocimiento. Dicha transformación se logra invirtiendo decididamente en la educación y apoyando a la industria innovadora. Si queremos avanzar como país, es necesario darle prioridad a las reformas estatutarias que requiere el IMPI, sólo en esa forma podremos evitar que el sistema de propiedad industrial mexicano siga desgastándose por la falta de personal y presupuesto.
POR OLIVER GALINDO ÁVILA
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