No es la primera vez, pero es la más grave, hasta hoy. El Presidente toma decisiones, dicta órdenes y expide decretos que el sentido común y la lógica rechazan. Peor aún, las acciones del titular del Poder Ejecutivo vulneran el Estado de Derecho violentando el marco jurídico, debilitando la institucionalidad y burlando las decisiones tomadas al amparo de la ley.
Todo esto parece no importarle; con aire socarrón hace patente su desprecio a consensos alcanzados entre todas las fuerzas políticas. “Se va a hacer porque quiero, o porque no quiero que…”.
El anuncio en la mañanera del lunes 8 de agosto es para no creerse. “Porque lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás…”. “Y lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal Preventiva…”.
La base de las modificaciones que está anunciando no es la Constitución ni las leyes. Los cambios no son consecuencia de análisis sereno y sustentado en experiencias y conocimientos expertos, ni proceden de un comparativo con lo que se hace en otros países. Vaya, ni siquiera son resultado de encuestas, ni de evaluación de logros obtenidos. De no creerse.
En 2019 se reformó la Constitución en su artículo 21, para establecer que “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo a Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional.” En aquel entonces fue objeto de gran discusión en el Congreso de la Unión el hecho de formalizar la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. La aprobación unánime se dio a partir de la definición de que se mantendrían a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bajo un mando civil.
¿Quiere el Presidente dinamitar la precaria convivencia entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso? ¿Pretende exacerbar la ya de por sí beligerante posición de la sociedad civil? ¿Trata de medir la lealtad de la Corte a la Constitución, o al Presidente? ¿Considera irrelevantes a los partidos de oposición, a los juristas, a los defensores de los Derechos Humanos? ¿Busca pleito? ¿Está midiendo fuerzas?
Lo que se avecina si el decreto del que habló el Presidente llega a hacerse realidad es la militarización total de las fuerzas del orden. Desaparecerá la distinción fundamental entre seguridad pública y seguridad nacional. Las labores de la policía serán ejecutadas por soldados, labores para las que no han sido capacitados ni entrenados, con el riesgo de incurrir en violaciones a Derechos Humanos de ciudadanos comunes.
La grave situación de inseguridad que padecemos en México no se resolverá con esa arbitraria medida. El combate a la delincuencia organizada requiere de policías capacitados, con formación en principios éticos, buen entrenamiento y remuneración adecuada. Eso los preservará de la corrupción, no el integrarlos a las Fuerzas Armadas.
De no creerse...
POR CECILIA ROMERO CASTILLO
COLABORADORA
@CECILIAROMEROC
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