La detención de cabecillas del narcotráfico y acciones concertadas, entre autoridades locales y el crimen organizado, dieron origen a los disturbios, ataques y asesinatos de civiles en varios estados de la República. No fueron producto de la casualidad los incendios de vehículos y tiendas de conveniencia en Baja California, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, como tampoco las agresiones a un grupo de comunicadores y civiles en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Desde la Presidencia de la República tienen un diagnóstico de lo que está ocurriendo, y éste corre por varias vertientes: en primer lugar, todo obedece a los golpes que ha propinado la 4T, a través de la Guardia Nacional y la Marina, a objetivos prioritarios o generadores de violencia, sobre todo cabezas del narcotráfico, en diferentes regiones del país.
Los barones de la mafia buscan hacer valer su “poderío” con actos propagandísticos que terminan generando daños, ya no a grupos rivales, sino a la población civil.
En segundo lugar, el gobierno de López Obrador detectó que en algunos estados existe colusión entre delincuencia y grupos políticos que, en ocasiones, trabajan en complicidad, y, en otras tantas, se usan mutuamente para diseminar la narrativa de una fallida guerra contra la inseguridad.
En tercer lugar, el gobierno detectó una parálisis en fiscalías estatales y el Poder Judicial de algunos estados, que, ya sea por acción o por omisión, trabajan más para la delincuencia que para la población.
Frente a todo esto, AMLO y su gabinete tienen trazados ya algunos ejes de acción:
Promoverán fast track las extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos.
Además, acelerarán tiempos para concretar cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para evitar una reforma constitucional y lograr que la Guardia Nacional pase, cuanto antes, a manos de la Sedena.
Por otro lado, impulsarán reformas para amarrar las manos y meter en cintura a fiscales y jueces de los estados que, por unos cuantos pesos, se hacen de la vista gorda y liberan a sicarios y narcotraficantes.
En la 4T están conscientes de que es grande el desafío, y más cuando está en puerta el proceso electoral de 2024, razón por la que AMLO, dicen, no está dispuesto a perder esta batalla y la llevará tope donde tope.
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Las próximas horas serán cruciales para el rescate de los 10 mineros atrapados en la mina El Pinabete, de Sabinas, Coahuila. Sin embargo, es tan poco esperanzador el rescate que el gobierno federal teme que ocurra lo mismo que en Pasta de Conchos, donde, al final de la tragedia, 65 mineros perdieron la vida.
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Priscila Vera, vocera del PAN en el Congreso de la CDMX, me hizo llegar una carta para decir que el diputado Federico Döring niega categóricamente encabezar o formar parte de una campaña de desprestigio al trabajo del titular de la SSC-CDMX, Omar García Harfuch.
Aseguró que le parece una persona recta y reconoce su compromiso con la ciudadanía.
Y sobre una presunta mancuerna con la activista María Elena Morera, para difamar la labor de la Policía, Vera Hernández dice que se trata de una infamia y un dato mal proporcionado que no aceptan, porque Döring no “tiene el gusto de conocer” a esta persona.
Hasta ahí lo que comenta la vocera del PAN. Lo que puedo decir al respecto, es que el Gobierno de la CDMX tiene un seguimiento y un mapeo de políticos y activistas que, de manera organizada o no, mantienen una campaña para desprestigiar. Entre ellos ubican al diputado Döring. No lo ven como aliado. Lo ven como un adversario muy activo.
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A propósito de panistas, el diputado Enrique Vargas, aspirante a la gubernatura del Edomex, comenzó el fin de semana su “campaña” con un recorrido que denominó “Ruta Líder”. Lo hizo en Atlacomulco, lugar emblemático para la clase del PRI en la entidad.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “Todo el arte de la guerra se basa en el engaño”.
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
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@ALFREDOLEZ
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