Este fin de semana, Baja California vivió una jornada como nunca antes se había visto: narco bloqueos, incendios, toques de queda, negocios cerrados, calles vacías y las personas temerosas encerradas en sus casas.
Mexicali y Tijuana son hoy dos de las ciudades en las que la percepción de inseguridad, de acuerdo a la encuesta de INEGI de julio, es de las más altas en todo el país. Tan solo del 9 al 12 de agosto fueron asesinadas 16 personas en Baja California. Estos lamentables hechos son la consecuencia de una larga cadena de decisiones equivocadas por parte del gobierno federal.
Las medidas de austeridad y el nombramiento de personas leales, pero sin capacidad para las tareas que se les asigna, han mermado de forma importante las capacidades institucionales del Estado mexicano. La desaparición de un cuerpo de élite que tardó años en formarse, como lo fue la Policía Federal, se sumó a la centralización de las decisiones en manos del presidente y a la conformación de una Guardia Nacional que el Congreso de la Unión aprobó como cuerpo civil y que hoy día es una instancia militarizada en creciente expansión.
La liquidación de fondos estatales y municipales para la seguridad y la falta de recursos para formar a las policías en capacidades de prevención e investigación de los delitos ha sido, junto con la estrategia de abrazos y no balazos, la antesala de un Estado fallido. Hoy, Baja California es una entidad con un gobierno fallido, que ha replicado la estrategia nacional, con graves consecuencias para la población.
En lugar de corregir el rumbo, el gobierno federal y los gobiernos estatales emanados del partido oficial, han apostado por la continuidad de una estrategia fracasada. La militarización de nuestra vida pública, además de desplazar a las autoridades civiles de sus funciones propias, no abona en nada a la transparencia, la rendición de cuentas y la paz.
La estrategia que el gobierno ha puesto en marcha ha significado un grave retroceso con consecuencias visibles en todo el país: la delincuencia se ha adueñado de calles y plazas, ha impuesto su ley, establecido toques de queda y cobrado derechos de piso a cambio de que los negocios puedan seguir abiertos.
Nunca antes el Estado mexicano había fracasado de forma tan evidente, para garantizar la seguridad de la población. Más de 121 mil muertes en lo que va del sexenio constituyen la mayor tragedia que se ha vivido en México. Después de este fin de semana y del despliegue de la Guardia Nacional no vemos la luz al final del camino y sí, en cambio, un presidente que, en lugar de corregir el rumbo, sigue utilizando la propaganda, las cortinas de humo y las mentiras como estrategias que tratan de encubrir la realidad de un país en manos de la delincuencia.
POR GINA CRUZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
@GINACRUZBC
CAR