La política de laissez faire frente a los grupos delincuenciales ha generado un juego de suma positiva para el obradorato y el crimen organizado, que ha transmutado a narcoterrorismo. Mientras que la partida con la sociedad civil es de suma cero: el poder que gana el Estado lo pierden los ciudadanos. Los abrazos finalmente han extendido el monopolio de la violencia a los cárteles. El poder que acumula el Ejecutivo y las canonjías que recibe el sicariato van en detrimento de las libertades ciudadanas.
El pacto tácito del gobierno con grupos criminales le quita al país viabilidad como un Estado funcional. El decreto por el que la Guardia Nacional (GN) se adscribe a la Sedena y los brotes de acciones terroristas en varias regiones del país marcan el punto de inflexión que simboliza el inicio del narcopopulismo obradorista. La adhesión de la GN a las Fuerzas Armadas policifica al Ejército y se suma a las medidas que a la postre debilitarán al éste y sentarán la bases para su transformación en un híbrido con dos elementos principales: uno policiaco y otro administrativo para los negocios estatales.
El mensaje de esta nueva era es claro y contundente, y esclarece lo que se vislumbraba desde hace meses: el crimen organizado es quien manda en varios estados y gobernará durante los años por venir. Regresar al status quo ante (cuando los líderes de las agrupaciones delictivas no hacían también las veces de presidentes municipales o gobernadoras) se vislumbra como un escenario poco plausible en las décadas por venir.
Los escarceos con maleantes y facinerosos ha detenido la transición democrática y libertaria que detonó el sindicalismo en los 50 del siglo pasado y los estudiantes del 68. La hegemonía que han establecido los cárteles en gran parte del territorio nacional es la verdadera externalidad antilibertaria que trajo consigo el obradorato. La estrategia de brazos caídos ha sido hasta ahora causante del período de mayor violencia en la historia reciente de México.
Renunciar a combatir el hampa es un grave error y le resta herramientas de sobrevivencia a la población más vulnerable. Y coloca al artífice de esta estrategia como el mayor benefactor del crimen. En estas comunidades se ha dado un repunte exponencial en delitos como secuestro y extorsión o “el cobro de derecho de piso” que ha convertido a millones de mexicanos en desplazados y migrantes. No vayamos más lejos, en la Miguel Hidalgo, en Polanco la mayoría de los establecimientos son extorsionados o ya de plano los administra la camorra.
La generación de un sistema y entramado institucional mafioso por parte de las autoridades no solamente involucra la colusión con los malhechores. En esta nueva realidad las instituciones de impartición de justicia sirven para perseguir opositores y disidentes y las nuevas reglas del juego son adecuadas para hacer negocios, lavar dinero y asegurar un electorado cautivo. La amenaza más grande a nuestras libertades proviene del Estado y de su colusión con delincuentes; la democracia en México pende de un hilo y la indulgencia ciudadana con el mal gobierno favorece nuestro paso a un Estado fallido.
POR ALEJANDRO ECHEGARAY
@AECHEGARAY1
POLITÓLOGO
MAAZ