El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un paso al abismo. Contra la Constitución y la voluntad de la mayoría, su gobierno ha decidido encaminarse a la militarización de la vida pública. Según lo manifestó, el régimen obradorista pretende, mediante un decreto, integrar de forma definitiva la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional, pasando por encima del Congreso de la Unión.
La medida es claramente inconstitucional, no sólo en un sentido procedimental, sino también en un sentido esencial. De publicarse oficialmente, el pretendido decreto violaría en forma directa los artículos 21 y 129 de la Constitución, que claramente estipulan que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y prohíbe que las fuerzas armadas realicen funciones que excedan sus obligaciones en tiempos de paz.
Estos preceptos constitucionales están en concordancia con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cualquier intervención de las fuerzas armadas en asuntos del orden civil, como lo es la seguridad pública, puede justificarse sólo por razones extraordinarias y de manera temporal y restringida. El texto constitucional también señala que las acciones de las fuerzas armadas deben ser subordinadas y complementarias a las labores de los cuerpos de seguridad civiles.
La tentativa presidencial de militarización es un atentado contra los fundamentos republicanos de nuestro pacto social, y presagia un intento clásico de los autócratas de asumir poderes dictatoriales. Todo intento de obtener poderes extraordinarios siempre termina por socavar las instituciones republicanas. En el fondo también existe un afán de debilitar la esfera de la sociedad civil y de un gobierno democrático, republicano y liberal donde toda decisión debe justificarse ante el juicio de la razón.
Pero el Presidente se siente mejor en un ambiente donde nadie critique sus dictados y todo se acate sin discusión. Le gusta más el rol de jefe supremo de las fuerzas castrenses, que el de Presidente en un régimen civil. López Obrador piensa que sus decisiones serán obedecidas sin chistar por el Ejército. Aquí, naturalmente equivoca, pues las Fuerzas Armadas no le deben sumisión a ningún Presidente, sino lealtad a la Constitución.
Estos intentos de militarización se han estado materializando frente a nuestros ojos, en los últimos años. Algunas cifras hablan por sí solas: el presupuesto de la Sedena ha aumentado siete veces desde 2018 y hasta la fecha, y ya equivale a 51 veces el del Poder Legislativo, seis veces el de todos los organismos autónomos, 20 veces el de la Semar y 40 veces el del INE. Esta tendencia al cesarismo político, que apuesta a la supremacia militar sobre el orden civil, ya despierta el rechazo de amplios sectores de la sociedad civil, los partidos políticos, e incluso la inmensa mayoría de los mandos militares.
El obradorismo está ya en su crepúsculo. La apuesta por la sobrevivenvia política basada en el cesarismo que impulsa el Presidente, y que asume como propias capacidades inusitadas y rasgos heroicos, no podrá ser implantada en México. El camino de nuestro país está en el liberalismo incluyente y tolerante, que se florece con instituciones civiles fortalecidas y leyes que se cumplen por la autoridad civil.
POR GUSTAVO DE HOYOS WALTHER
ABOGADO Y FUNDADOR DE SÍ POR MÉXICO
@GDEHOYOSWALTHER
MAAZ