El Presidente de la República anunció este lunes que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional pase por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional, por la vía administrativa.
Hasta el momento de esta redacción no se ha publicado ningún decreto. Con todo, el dicho presidencial generó un agrio debate y especulaciones.
Sabíamos que el Ejecutivo enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional con el mismo propósito, pero el Presidente sabe que no cuenta con los votos necesarios.
A estas alturas del sexenio, sería iluso esperar un debate abierto sobre el destino posible que deberá tener la Guardia Nacional. El Presidente ha tomado una decisión y no parece aceptar ni una coma a su proyecto: la Sedena debe hacerse cargo. Lo que no se entiende es la estrategia provocadora del gobierno. Era evidente que el anuncio fortalecería la crítica sobre la “militarización” del país y las crecientes funciones que se han otorgado a las fuerzas armadas.
También era previsible que, incluso antes de conocer el acuerdo, la oposición protestaría y que recurriría ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una acción de inconstitucionalidad. Pero, sobre todo, con el anuncio del Presidente se volvió a poner sobre la mesa la forma como se ejerce el poder: ante el debate jurídico y mediático sobre el Tren Maya, la alternativa fue declarar la obra como un asunto de Seguridad Nacional; ante el rechazo del Congreso a la Reforma Eléctrica, se realizó una reforma legal para darle vuelta a la ley; ante la falta de votos en el Congreso, se anuncia un decreto presidencial para la Guardia Nacional.
Preocupa entonces qué ocurrirá con la iniciativa de Reforma Electoral que tampoco obtendrá los votos necesarios en el Congreso de la Unión, a pesar del llamado parlamento abierto.
Por lo avanzado del calendario, difícilmente se construirán los acuerdos necesarios entre todas las fuerzas políticas para tratar de transformar al INE. Pero, como en los casos anteriores, no sería sorpresiva una reforma legal, con cambios que alteren la dinámica de trabajo que han construido el IFE y el INE, a lo largo de más de 30 años.
Recuérdese que cualquier cambio en materia electoral tendría que estar aprobado para finales de mayo del año que entra, si se quiere aplicar para la elección de 2024. En el camino, deberán sustituirse a cuatro consejeros electorales y estarán en puerta las elecciones de Coahuila y el Estado de México.
Los eventos de esta semana denotan la urgencia presidencial ante el inexorable paso del tiempo. El sexenio ya entró en su fase final y quedan poco más de dos años para terminar obras y consolidar proyectos.
Hasta ahora, la polarización y provocación han rendido beneficios a la popularidad presidencial, pero esa estrategia enfrentará el ciclo normal de todo sexenio conforme se acaben los meses, especialmente si la inflación no cede y la austeridad no es suficiente para sostener las políticas sociales.
Arturo Sánchez Gutiérrez
Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales tec
@ArturoSanchezG
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