Los riesgos para la privacidad, intimidad y autodeterminación de las personas comenzaron a formar parte especial de la preocupación colectiva tras la digitalización de nuestra vida diaria y así caer en cuenta de que los desarrollos y avances tecnológicos no solo tienen ventajas.
En ese sentido, hemos visibilizado paulatinamente que las violaciones y tratamientos indebidos en materia de datos personales en el espacio digital, en muchas ocasiones, tienen trascendencia en el mundo físico al grado de traducirse en polarización y encono social, así como en potenciales o actuales violaciones a los derechos y libertades humanas fundamentales que, en lo material, se reflejan en discriminación, violencia y/o en afectaciones a la seguridad y la vida de las personas o grupos específicos de ellas.
En el ciberespacio, convivimos e interactuamos en redes y plataformas digitales fuera de nuestro control, pero operadas por corporaciones que hoy conocemos como Big Techs (vgr. Amazon, Google, Microsoft, Meta que antes era Facebook) y cuyos alcances son globales a través de los muy diversos servicios digitales que proporcionan; los cuales, abarcan publicidad en línea, servicios de mercado, motores de búsqueda, redes sociales, agregación y distribución de contenidos creativos, servicios de comunicación, servicios de sistemas de pago, etcétera.
Las Big Techs aplican diariamente análisis por macrodatos respecto de la información que a cada segundo les compartimos y esto les ha permitido leer, adaptarse y responder, incluso anticipadamente, a las demandas, intereses, necesidades y deseos de sus usuarios. Sin embargo, perdemos de vista que la mayoría de estas corporaciones han sido ya demandadas, investigadas, sometidas a procedimientos disciplinarios y sancionadas en diversos países como Estados Unidos y el Reino Unido; precisamente por virtud de incurrir en violaciones a normativa en materia de manejo de información y datos personales.
Facebook, por ejemplo, hoy llamada Meta, en octubre del año pasado y tras la denuncia de una informante interna, fue investigada y sometida a diversos procedimientos ante el Senado de los Estados Unidos por uso y manejo indebido de datos personales a través de su plataforma llamada Instagram en poblaciones de menores y adolescentes. Literalmente, no solo despertaba el consumismo en esta población, sino que les llevaba a crear perfiles paralelos para escapar al control parental, con todos los riesgos que ello puede involucrar.
Todo lo anterior, viene a cuento porque el jueves 14 de julio pasado Meta publicó su “Primer Informe Anual de Derechos Humanos”; lo anterior, sin embargo, no es como quizá sería deseable, resultado de la voluntad y el compromiso de dicha Big Tech con las libertades y los derechos fundamentales de las personas. Por el contrario, este informe deriva de la adopción por parte de Meta, en marzo de 2021, de una Política de Derechos Humanos, acción a la que se vio obligada tras años de acusaciones por no prestar atención frente a abusos en sus redes, los cuales han alentado la polarización en diversas naciones y el uso de la violencia contra poblaciones musulmanas en países como la India y Myanmar.
Ante tales señalamientos, Meta contrató un despacho para que la auditara y realizara una evaluación del impacto de sus productos y servicios en los derechos humanos. Meta se ha negado a publicar dicha evaluación en su totalidad (vgr. en lo tocante a la India), a pesar de la presión ejercida, en tal sentido, por grupos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Este Primer Informe Anual de Derechos Humanos de Meta, mismo que cubre de 2020 a 2021, surge así de la auditoría y evaluación mencionadas. Sin embargo, si se lee con atención el informe, es fácil darse cuenta que el mismo no implica la asunción de responsabilidad alguna por parte de dicha corporación respecto de sus actos, sino una incesante declaratoria de voluntad y compromiso de observar diversa normatividad internacional e interna de la propia compañía en relación con los derechos humanos de las personas y, según Meta, acerca de los avances alcanzados, los retos que enfrenta de cara al futuro, subrayando, en todo caso, el papel que los medios digitales pueden jugar para avanzar los derechos y libertades humanas.
Pero más allá de los contenidos específicos y cuestionables que pueda tener este o cualquier otro informe de su tipo, como personas y Estados, debemos comenzar a pensar en mejores y más efectivos medios para garantizar tales derechos y libertades, a todas y todos, en el espacio digital; con la intervención de las agencias y autoridades competentes de los Estados y por medio de auditorías y evaluaciones que vayan a fondo, debidamente diseñadas e independientes, cuyos resultados y consecuencias, con toda transparencia, se hagan del conocimiento de las personas para que así, podamos decidir.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, comisionado Ciudadano del INFO CDMX