POLÍTICA Y DIPLOMACIA SOSTENIBLE

¿Nos llevará el Tren?

La declaración de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, como asunto de “seguridad nacional” para darle la vuelta a los amparos interpuestos por particulares

OPINIÓN

·
Miguel Ruiz Cabañas / Política y Diplomacia Sostenible / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

La semana pasada la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica. Con el apoyo de 161 países, entre ellos México (uno de los copatrocinadores del texto), y con sólo 8 abstenciones y algunas ausencias, pero ningún voto en contra, la Asamblea reconoció “el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano”. Para aprobar esta resolución, la Asamblea siguió el liderazgo del Consejo de Derechos Humanos, que había hecho el mismo reconocimiento en octubre del año pasado. Se trata, en realidad, de una larga jornada que inició hace cincuenta años, en la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia en junio de 1972.

La resolución se inspira en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y en todos los tratados de derechos humanos aprobados en la ONU. Pero también recoge las convenciones y declaraciones sobre temas ambientales y desarrollo sostenible de las últimas décadas, en particular la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la misma Asamblea General en septiembre de 2015.

La resolución no tiene efectos jurídicamente vinculantes. No es un tratado, pero sí expresa el sentir de la comunidad internacional en su conjunto. Su fuerza es, por lo pronto, moral y política. Es un consenso global que enfatiza que, para hacer efectivo el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas, es indispensable la preservación de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y por eso debe ser considerada como un derecho humano.

En la práctica, el reconocimiento universal del derecho a un medio ambiente limpio y saludable es un pacto intergeneracional, y significa un profundo cambio cultural, social y político ocurrido en la mayoría de los países del mundo en el último medio siglo. Representa una toma de conciencia gradual, de alcance global, sobre la importancia de preservar un medio ambiente limpio y saludable, y los recursos naturales, para que las próximas generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades.

Hoy, en cada país, las generaciones actuales tenemos derecho a explotar esos recursos naturales para satisfacer nuestras propias necesidades, siempre y cuando los usemos en forma sostenible, sin agotarlos, y mantengamos limpio y saludable el aire que respiramos, la tierra que habitamos y explotamos, y los ríos, lagos y océanos que nos comunican y alimentan.

La resolución reconoce que los daños causados al medio ambiente afectan los derechos humanos de todos, pero en particular a los sectores de población más vulnerables, como son los pueblos indígenas, los niños, las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad. También subraya que es fundamental empoderar a mujeres y niñas para la protección del medio ambiente, y el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información, “y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos, así como el derecho a un recurso efectivo, para la protección del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y efectivo”.

La aprobación de la resolución motivó una declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, quien señaló que "La resolución ayudará a reducir las injusticias medioambientales, a cerrar las brechas de protección y a empoderar a las personas, especialmente a las que se encuentran en situaciones vulnerables, como los defensores de los derechos humanos medioambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas".

Por su parte, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó: "La resolución de la Asamblea General es muy clara: los Estados deben cumplir sus compromisos internacionales e intensificar sus esfuerzos para hacerlo realidad. Todos sufriremos efectos mucho peores de las crisis ambientales, si no trabajamos juntos para evitarlas colectivamente ahora". Bachelet añadió que la resolución "hace hincapié en el apuntalamiento de las obligaciones legales de actuar (en favor del medio ambiente), en lugar de permitir que sea simplemente una política discrecional".

La implementación en la vida real del derecho a un medio ambiente limpio y saludable, reconocido desde 1999 en el artículo cuarto de nuestra Constitución como “el derecho a un medio ambiente sano”, representa retos formidables. Implica, de entrada, el ejercicio de prácticas políticas que garanticen el derecho de la población a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos, así como el acceso a un recurso efectivo, para la preservación del medio ambiente.

La declaración de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, como asunto de “seguridad nacional” para darle la vuelta a los amparos interpuestos por particulares preocupados por el posible daño ambiental que ocasione su construcción, es una negación total al diálogo democrático, y a la participación de la población en la discusión de los asuntos públicos, como señala la resolución de la ONU. Ojalá y se revise para que no nos lleve el Tren.

POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS ODS EN EL TEC DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
@MIGUELRCABANAS

CAR