Durante los últimos meses, gran parte de los espacios de discusión se han centrado en el análisis del panorama económico en el contexto de la pandemia, la presión inflacionaria y la problemática enmarcada en las dinámicas de interrupción de las cadenas productivas a nivel global.
En dicho marco de incertidumbre, uno de los sectores que de manera permanente enfrenta más riesgos es el agrícola, en donde los productores se ven afectados por el impacto del cambio climático, procesos biológicos y variaciones de mercado que generan fuertes afectaciones sobre la producción, rendimiento e inversión de los cultivos.
En ese sentido, se vislumbra la necesidad coyuntural de dar un impulso adicional a dicho sector mediante mecanismos que incidan para consolidar su reactivación, al tiempo de favorecer la perspectiva a corto, mediano y largo plazo en materia de seguridad alimentaria.
Tal espacio de oportunidad puede encontrar reflejo específico en el fomento y aprovechamiento de los derechos de propiedad industrial (PI) —de manera particular las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas— como factores que contribuyan en el desarrollo económico y social a nivel local y nacional.
Tales modalidades de PI implican una serie de beneficios concretos para consumidores y productores, ya que el uso de dichos instrumentos en los productos proporciona una referencia para ayudar en la toma de decisiones del consumidor, así como para apoyar y promover a las comunidades locales a identificar, y respetar los productos en el comercio por su calidad y características.
Este círculo virtuoso ha redundado en una serie de impactos positivos en términos de seguridad alimentaria, combate a la pobreza, integralidad de grupos productores, formalidad laboral, desarrollo de sectores productivos y promoción y diversificación comercial, sumado a beneficios concretos para preservar y promover la identidad de nuestro país y su diversidad cultural.
Y es que la contribución de la PI en beneficio del desarrollo económico encuentra eco específico en la medición de diversos indicadores. Por ejemplo, de acuerdo con la publicación World Trademark Review, en América Latina las empresas que usan de manera frecuente la PI son las que más contribuyen al PIB de su país, representando en México 44.7 por ciento, en Perú 46 por ciento, en Chile 45.4 por ciento y en Uruguay 43.3 por ciento. También, conforme a información de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, los países más desarrollados son los que generan más registros de PI, representando 45 por ciento de los mismos, los emergentes 44 por ciento y los de menor desarrollo 9.9 por ciento.
En tales circunstancias, se considera prioritario el desarrollo e implementación de una estrategia de política pública que fortalezca las acciones de promoción, impulso y acompañamiento para la protección y el reconocimiento de nuevas indicaciones geográficas y denominaciones de origen, habida cuenta del universo potencial de productos agrícolas mexicanos que aún no cuentan con dicho reconocimiento y protección. Lo anterior, a efecto de incidir en la consolidación de la reactivación económica del sector agrícola, garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la resiliencia de nuestros productores agropecuarios en el marco de la coyuntura actual con motivo del contexto económico mundial.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA
@EMILIOSL
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