Un paso adelante se puso la Suprema Corte para combatir el feminicidio en México. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, presentó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar ese delito, que prevé elevar hasta a 90 años de prisión la pena a sus autores, que actualmente enfrentan, máximo, 60 años.
Además, contempla castigar hasta con 10 años de cárcel y destitución a los servidores públicos que retarden o entorpezcan la aplicación de la justicia en ese tipo de crimen, que ya presenta un incremento desmedido y alarmante.
En este país, en el que cada día entre 10 y 11 mujeres son asesinadas por motivos de género, el Poder Judicial ha sido el único de los tres poderes del país en responder favorablemente a los reclamos y exigencias de las mujeres que sólo habían encontrado oídos sordos y vallas de contención por parte del Ejecutivo.
La propuesta de Zaldívar prevé reformar el 73 constitucional, en su fracción 21, inciso A, para incluir el feminicidio a los delitos referidos en ese artículo, entre ellos el secuestro y la desaparición forzada.
Y encontró un Congreso receptivo, pues la propia Corte se encargó de que la iniciativa no llegara sola y de sopetón: realizó la serie Caníbal, indignación total, que en semanas recientes transmitió Televisa, resultando un éxito total.
De hecho, sensibilizó sobre la urgencia de que autoridades de los tres poderes de la unión sumen esfuerzos ante este flagelo que afecta a millones de mujeres. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado panista Fernando Macías, reveló que esa serie retrata de tal forma la maldad pura, que no queda otra más que comprometerse en el combate a la violencia contra las mujeres.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, reconoció el valor de la producción, pues permitió que más de 20 millones de personas se acercaran de manera cruda a este problema y coincidió en criticar que haya distintas maneras de tipificar el feminicidio en el país.
En general, las distintas bancadas legislativas parecen estar en sintonía respecto a la necesidad de sumarse a esta batalla en favor de millones de mujeres. Es hora de legislar, si es que de verdad son representantes populares.
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Golpazo de dos bandas propinó el gobierno de Estados Unidos al exhibir a su propio embajador en México, Ken Salazar, como una especie de traidor a los intereses de la Casa Blanca, justo una semana antes de la reunión del 12 de julio en Washington entre el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés López Obrador.
Por un lado, la información publicada en The New York Times, periódico que representa la visión de las élites estadounidenses, evidenció la irritación hacia Salazar, acumulada desde hace varias semanas en el Departamento de Estado, a cargo de Antony Blinken, la Secretaría de Energía, la DEA y hasta el FBI, entre otras instancias del gobierno americano. En otras palabras, fuego amigo.
Sin embargo, de acuerdo con fuentes de ese país, el verdadero destinatario del trallazo es justamente el presidente López Obrador. Porque, nos explican, él decidió depositar y llevar todos los asuntos importantes de la relación bilateral sólo con Salazar, a quien ha usado como uno más de sus funcionarios.
En Washington tienen fundadas dudas sobre la forma en que su embajador hace llegar al mexicano sus posturas respecto a los temas más espinosos: migración, seguridad y energía, principalmente. Y así se reflejó en el artículo del Times, con el que se mandó el mensaje de que Salazar, defensor y cuasi abogado de López Obrador ante Biden, ha perdido credibilidad y confianza.
Queda el diplomático debilitado en todos los sentidos, pero lo que en el fondo refleja este episodio es, sin duda, la creciente irritación del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano, que suele regatear públicamente el apoyo a su principal vecino y socio comercial.
Viene giro en la relación bilateral.
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EN EL VISOR: Como hizo AMLO al fundar Morena en 2011, ahora el canciller Marcelo Ebrard construye un movimiento en torno suyo. Movimiento Progresista es la plataforma para impulsar su candidatura presidencial y tiene su búnker en un inmueble de la calle Vertiz. Lo integran legisladores y se dice que algunos gobernadores, pero se busca incluir a grupos de la sociedad civil.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN
RAYMUNDO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@R_SANCHEZP
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