Es importante entender a la migración ambiental como un fenómeno social reconocido por la ONU desde 2007, el estrés hídrico provoca migración entre las comunidades agrícolas debido a la disminución de la productividad de sus cultivos por falta de lluvias, aumentando así los niveles de pobreza y elevando el costo de la canasta básica que afecta aún más sus economías.
En Nuevo León existe un grave desabasto de agua y de las estrategias de gobierno implementadas, ninguna prevé los movimientos migratorios que se esperan por este fenómeno, tampoco hay una perspectiva de género que entienda que el calentamiento global podría impactar desproporcionadamente al 8.2% de las mujeres neoleonesas ocupadas en el sector primario estatal.
Por ejemplo, las mujeres y niñas suelen ser las responsables de la recolección del agua en viviendas precarizadas de países empobrecidos y sin contar con un suministro de agua directo al hogar, implica mayores distancias recorridas para la recolección. Las
consecuencias directas son menores matriculaciones en escuelas, en el caso de las niñas, cumplen con el trabajo de cuidado no remunerado consiguiendo agua para sus familias. Esto es un escenario para las mujeres y niñas que no pueden migrar a pesar del
cambio climático.
En Nuevo León, hasta 2019 se sabía de 800 comunidades con más de 20 mil personas que no tenían acceso a agua potable, por lo que debían trasladarse a otras comunidades para recolectar agua. En 2022, se publicó un reportaje sobre las condiciones en el municipio de Doctor Arroyo, en donde no existen tuberías que suministren agua potable, y se ve a una mujer adulta mayor acarreando botes para recolectar agua de la lluvia en compañía de su nieta.
Por otro lado, las mujeres y niñas que tienen más posibilidades de migrar se enfrentan con altas probabilidades de violación al grado de ser sometidas a inyecciones anticonceptivas antes de iniciar el viaje ante la creencia de que el 60% de ellas, será violada. De terminar en un refugio para migrantes o en un campo de personas desplazadas, las posibilidades de tener acceso a productos sanitarios, de lactancia o de embarazo, son casi nulos. Otro ejemplo es la trata de personas durante el camino por la ruta migratoria, ya que entre 2015 y 2021, el 77% de las víctimas fueron mujeres.
Sin duda es un grave problema que requiere mucho más que un gobernador que solo hechas culpas y no asume su responsabilidad, mucho mas que un gobernador que ante tal necesidad, difunde un discurso de odio, de división y desprecia la ayuda del resto del país. Es difícil pensar que a un gobernador que no le importa que su estado sea el segundo lugar nacional en feminicidios, esté pensando en incorporar la perspectiva de género en sus políticas climáticas con el objetivo de disminuir el impacto desproporcionado que las sequías tendrán en las mujeres que se verán forzadas a migrar.
En donde el 80% de las migraciones climáticas en todo el mundo, son ejecutadas por mujeres, es inaplazable ponerlas en el centro de la discusión.
Laura Esquivel Torres
Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer en el CEN del PAN