Para nadie es un secreto que los sistemas de pensiones, tanto a nivel internacional como en México, representan un reto de primera importancia, que de no ser atendido de manera profesional, podría colapsar las finanzas públicas de cualquier institución.
La seguridad social es un derecho fundamental, dinámico y que, históricamente, ha pretendido marcar un pacto de solidaridad entre el Estado y la sociedad.
En México, la problemática de las pensiones se ha agravado, principalmente, en las entidades federativas, cuyos sistemas son notoriamente inviables en lo financiero a largo plazo, comprometiendo severamente su capacidad para proveer bienes públicos de calidad para su población.
Ya sabemos cuál es la receta que la ortodoxia he prescrito para enfrentar esta realidad: aumentar la edad de jubilación y los años de servicio, incrementar cuotas y aportaciones, además de establecer cuentas individuales.
Si bien, cualquier reforma exitosa debe garantizar la viabilidad y sustentabilidad financiera a mediano y largo plazo, sería muy simplista y reduccionista pensar que la sola copia de dicha receta resolverá en el fondo las necesidades de los derechohabientes; la administración pública está repleta, en todas las latitudes, de ejemplos de “recetas” y “modelos” que han fracasado una y otra vez, por estar muy alejadas del contexto particular de cada caso, y por una carencia de sensibilidad social, que siempre resulta ser crucial.
¿Cómo hemos llegado a este escenario? En términos globales, hay razones estructurales que lo explican: el gran impacto de las transiciones demográfica y epidemiológica, en México y en todo el mundo.
Por una parte, la pirámide poblacional nos ha alcanzado, con lo que se conoció como "bono demográfico” convirtiéndose en un “déficit demográfico”; y por otra parte, la explosión de las enfermedades crónico-degenerativas, por lo que cada vez más gente se enferma de males que requieren tratamientos prácticamente vitalicios, como lo son la diabetes, hipertensión y dislipidemias.
Esto nos ha conducido a esquemas estatales de pensiones que, en las últimas décadas, han pasado de contar con 30 trabajadores en activo soportando una pensión, a tener cinco trabajadores por pensionado; esto es, una disminución de 84 por ciento en el número de cotizantes, aunado a una aceleración vertiginosa del gasto de salud para los derechohabientes.
De esta manera, tenemos estados con sistemas que no están fondeados, pero que sí han generado obligaciones legales desde el pasado para sus gobiernos. No es opcional pagarlas o no, tampoco es “hasta donde alcance”; se tienen que pagar sí o sí, porque son derechos consagrados y existen generaciones que ya cumplieron con los supuestos normativos a los que se les sujetó.
Es urgente que los gobiernos locales aporten soluciones duraderas, de la mano con trabajadores y pensionados. De lo contrario, tendrán que entrar al rescate de sus institutos por medio del presupuesto público, en detrimento de sus gobernados. Aún hay tiempo para actuar.
POR JESÚS ÁNGEL DUARTE TÉLLEZ
COLABORADOR
MAAZ