Muchas veces se habla del derecho a una vivienda digna, pero ¿cuál es el alcance de este derecho? Siendo claros, aunque está relacionado con la propiedad de inmuebles, no hay razón para limitar este derecho sólo a quienes tienen la posibilidad económica de adquirir una casa.
Si planteamos el ideal mínimo para asegurar plenamente este derecho, básicamente es necesario tener espacios que satisfagan sus necesidades, en el cual pueda realizar actividades de forma individual o como núcleo familiar; ya que ese lugar es el sitio ideal para establecer un Hogar.
Asimismo, se debe garantizar un entorno con espacios seguros y accesibles para toda la población; pues recordemos que además de cumplir criterios medioambientales, abonará en la regeneración del tejido social.
Estas características fueron incorporadas en el proyecto de creación de vivienda en lo que antes era “la Ciudad Perdida de Tacubaya” y que el propio gobierno anunció como el pago de una deuda de vivienda en condiciones favorables para quienes vivían bajo techos de láminas o cartón.
La administración de la 4T se ha encargado de señalar la corrupción y culpar a los gobiernos anteriores del voraz desarrollo inmobiliario; sin embargo, dejando de lado los acuerdos a modo por la reactivación económica, con la edificación de esta Unidad Habitacional, y el terrible abismo de la mina encontrada a días de ser entregada la obra, hizo evidente que en el Gobierno de la Ciudad acostumbra callar y evadir la responsabilidad; sin importar que eso ponga en riesgo la integridad y la vida de quienes ahí vivirán.
De acuerdo con vecinas y vecinos “beneficiados” con este proyecto inmobiliario, actualmente hay una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, debido a que en diversas ocasiones le han solicitado al Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (INVI), quien estuvo a cargo de la ejecución del proyecto, que les muestren los estudios en los que conste la seguridad estructural de las 16 torres que se edificaron.
Nadie resultó sorprendido por la mina; lo que realmente molesta a la ciudadanía, es que el gobierno y el INVI guardó silencio de una situación de riesgo que ya conocían, con tal de cumplir políticamente, por lo que decidieron rellenar con el material sobrante de la construcción; y tan sólo quince días después de que fueron entregados los departamentos apareció un socavón que permitió atestiguar lo que parece un acto de negligencia.
Es evidente que hay servidores públicos involucrados en esta omisión que pudo costar vidas humanas, pero lo realmente lamentable es que en vez de señalar a los responsables, los oculten y pretendan justificar un trabajo mal hecho con estudios elaborados a modo por otras dependencias.
Esto es muestra de cómo han permitido el desarrollo inmobiliario estos 4 años, pues en su proporción, es lo equivalente a permitir proyectos inmobiliarios en lugares donde los servicios básicos como el suministro de agua, comprometerán que se garantice la demanda actual.
Suena parodia, pero no es posible que en la llamada Ciudad de Derechos, no sean garantizados por la propia autoridad, pues su silencio y omisión, hacen que cualquier actividad sea acto de simulación, o mera utopía.
Continuar con esta forma de desarrollo urbano en el presente, compromete los recursos naturales de la CDMX y pone en constante riesgo a los habitantes, por lo que al paso que van, ya no habrá Ciudad de planear, territorio que gobernar, ni habitantes que escuchar.
POR GABY SALIDO
DIPUTADA LOCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO
@GABYSALIDO
PAL
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