La expedición de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial representa uno de los acontecimientos más relevantes en materia legislativa en lo que va del año, considerando que tal instrumento plantea una serie de elementos normativos que habrán de implicar el viraje hacia un nuevo modelo en materia de movilidad.
La nueva ley establece el mandato para que las autoridades federales y locales se coordinen para establecer sistemas de movilidad locales que consideren la modificación o adaptación del servicio de transporte, mediante la incorporación de acciones afirmativas para garantizar la seguridad y accesibilidad de los grupos vulnerables.
Este mandato tendrá una gran repercusión en materia de movilidad urbana, en el entendido de que implica un espacio de oportunidad relevante en el que la coordinación entre distintos niveles de gobierno puede generar inversiones y mejorar los grandes problemas de las zonas metropolitanas. El impulso de proyectos novedosos en dicha materia tiene un efecto directo sobre los problemas de congestión en las principales vías de comunicación, generando ahorros sustanciales en tiempo para toda la población y un impacto económico positivo en estados y municipios.
Se vislumbra la oportunidad clara y concreta de detonar una estrategia integral para el desarrollo de nuevos proyectos de transporte masivo y sistemas de movilidad más eficientes y sustentables que deriven en la creación de redes de transporte dignas y resilientes.
La implementación de tal estrategia se reflejaría en beneficios para las haciendas públicas locales, ya que los municipios destinarían menos recursos a la construcción de vías de transporte automotriz, generando un impacto directo en torno a los índices de caminabilidad –lo cual fortalecería sectores clave como el turismo–, al tiempo de impulsar mejoras en materia de seguridad pública.
La creciente demanda de transporte público no puede ser correspondida en su totalidad con la infraestructura de transporte actual, lo cual refuerza la noción de priorizar la implementación de mecanismos novedosos de transporte que vayan más allá de satisfacer la demanda, y que representen beneficios para toda la población. Esto, considerando que la expansión de las zonas urbanas ha sido muy significativa en las últimas décadas y ha rebasado la funcionalidad efectiva de los sistemas de transporte.
Los mandatos de la nueva ley habrán de traducirse en mecanismos para favorecer la sustentabilidad de la movilidad urbana, mediante la formulación e implementación de políticas encaminadas a impulsar la vinculación efectiva de todas las esferas de gobierno, iniciativa privada y sociedad civil, a efecto de concretar el replanteamiento de los sistemas de transporte público sobre la base de un nuevo paradigma de sustentabilidad, inclusión, eficiencia, seguridad e innovación tecnológica.
POR EMILIO SUÁREZ LICONA
CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UP
@EMILIOSL
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