La diferencia entre ciudadano y autoridad es que el primero puede hacer todo aquello que no contravenga las leyes, mientras que la segunda sólo puede hacer lo que le permite la ley.
En este pequeño detalle estriba la construcción legal que da a las personas la facultad para conducir sus vidas libremente, siempre que no violen disposiciones legales ni derechos de terceros. El contrapeso a dicha libertad es la restricción a la autoridad de sujetar su actuación a lo estrictamente dispuesto por la legislación, a fin de evitar discrecionalidades o comportamientos arbitrarios. De aquí nace la obligación para que las acciones de gobierno estén fundadas y motivadas en los preceptos legales que garanticen un ejercicio adecuado de la función pública.
Pero así como la autoridad está acotada en sus actividades, tiene la primera y fundamental obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. De hecho, es la protesta que rinde todo funcionario público al tomar posesión de su cargo. Se trata de cumplir las leyes vigentes, independientemente de si le parecen justas o adecuadas. En caso de desavenencia, existe un proceso legislativo para modificar las leyes y la propia Constitución. Mientras eso no se dé, se debe respetar la normatividad existente.
Esto tiene la elemental razón de permitir una convivencia civilizada y, sobre todo, de dar certeza a la ciudadanía. Por ello es absurdo que quienes gobiernan insistan en comportarse como si fueran oposición o, peor aún, como ciudadanos de a pie. El pequeño detalle es que ya no lo son y su actuación está ahora sujeta a otras reglas.
Por eso choca terriblemente cuando funcionarios electos, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México violan la ley electoral y se ufanan de ello. O cuando el secretario de Gobernación se mofa de los apercibimientos del INE, aduciendo que los diputados ya lo van a desaparecer.
Por ello ofende la pretension de que las obras públicas del gobierno federal se brinquen todas las disposiciones relativas a la contratación o impacto ambiental, o que un proyecto turístico como el Tren Maya sea declarado de seguridad nacional, sin fundamento legal ni declaratoria oficial alguna.
Por lo mismo resulta improcedente que se pretenda desconocer los términos del T-MEC suscrito con Estados Unidos y Canadá, con el pretexto de una falsa soberanía. Si el gobierno está constreñido por las leyes, el país lo está por el derecho internacional y por los tratados suscritos, que tienen el mismo rango conforme a la Constitución.
Desconocer los acuerdos es mala idea. Eso lo sabemos los que pagamos una renta, o la tarjeta de crédito, o cualquier obligación derivada de un contrato. Lo mismo sucede a nivel nacional. La virtud de los tratados es dar un marco de reglas claras, aplicables a todos los participantes. Se pueden violar, sí, pero con el pequeño detalle de que las consecuencias las tendremos que pagar los mexicanos.
POR VERÓNICA ORTIZ
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