Verónica Razo Casales es madre de dos adolescentes. Al momento de su detención era la principal cuidadora y único sostén económico de sus hijos. El 8 de junio de 2011 fue detenida y acusada de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Ese mismo día, en otro evento distinto, su hermano Érick también fue detenido, y casi 12 años después fue absuelto y puesto en libertad mediante sentencia del 27 de mayo de 2022.
A pesar de haber sido absuelta por la comisión de dos ilícitos, actualmente Verónica sigue privada de la libertad, ya que, desde el punto de vista del juez que lleva el caso, existen elementos para condenarla a 25 años de prisión por secuestro. Ella sufrió diversas violaciones a sus derechos humanos, fue detenida un día antes de que fuera puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, hechos que fueron denunciados por su madre, la señora Austreberta Casales.
En el transcurso del día en el que estuvo privada ilegalmente de su libertad por elementos de la extinta Policía Federal —mismos que inventaron un supuesto operativo que posteriormente se demostró que nunca se llevó a cabo— fue víctima de tortura física, psicológica y sexual. Esto fue investigado por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, culminando con la publicación de la opinión número 14/2021, en donde se determinó que Verónica fue víctima de detención arbitraria, por lo que el remedio adecuado sería ponerla en libertad inmediata. También recomendó al gobierno mexicano la investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias de su privación arbitraria de la libertad.
Actualmente, un policía federal se encuentra detenido y sujeto a proceso por el delito de tortura en contra de Verónica, y otros agentes tienen órdenes de aprehensión por estos mismos hechos.
El proceso de Verónica Razo ha estado marcado por la lentitud de las autoridades: transcurrieron casi 12 años sin sentencia, lo que evidentemente es contrario a lo que establece la Constitución mexicana, las leyes en materia penal y diversos instrumentos internacionales. Sin embargo, hace unos días se abrió una posibilidad para que obtenga su libertad mientras se resuelve el recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia que la condenó.
Lo anterior debido a que en julio de 2021 el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) solicitó al juez del proceso que modificara la prisión preventiva a la cual estaba sujeta, ya que había excedido por mucho el plazo razonable para que fuera sentenciada, establecido en el artículo 20 de la Constitución federal.
Después de la audiencia el juzgador determinó que no era posible el cambio de la medida cautelar debido a que el delito que se le imputaba es considerado como grave y amerita la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la Defensoría pública promovió un recurso de apelación, por lo que en junio pasado un Tribunal Unitario del Estado de México revocó la decisión del juez, ordenándole que se llevara a cabo una audiencia conforme a los lineamientos del sistema oral —fijada para el próximo 18 de julio—, en la que se deberán tomar en consideración las nuevas directrices que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció para justificar por más de dos años que una persona permanezca privada de su libertad sin que se le dicte sentencia.
La situación de Verónica ha afectado de manera directa a sus hijos, quienes al momento de los hechos eran apenas unos niños: crecieron en un ambiente de injusticia, tocaron diversas puertas en instancias gubernamentales, se trasladaron de la mano de su abuela materna de la CDMX a los Centros de Reinserción Social en donde se encontraba su madre y tío cuando esto era posible, dejaron de verla por años cuando la distancia y la situación económica que vivían se los impidieron. Sus hijos se percataron lo que significa e implica un proceso penal a muy corta edad.
Esta nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva representa una esperanza real para Verónica y su familia. Significa abrir la posibilidad de que pueda seguir su proceso en libertad hasta que se resuelva en definitiva, con lo que podría recuperar un poco del tiempo que ha perdido con sus hijos e impactar favorablemente en el desarrollo psicoemocional de los mismos.
Se espera que no sólo se admita el cambio de medida cautelar, sino que en su momento, el Tribunal Unitario reconozca la inocencia de Verónica y sea absuelta de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público.
POR MOISÉS TERÁN
DIRECTOR DE ÁREA DE LA UNIDAD DE LITIGIO DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
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