El anuncio del gobierno de Francia de la nacionalización total de Electricité de France (EDF), para garantizar la producción de electricidad ante la crisis energética global y los efectos de la guerra en Ucrania, colocan en su justa dimensión la visión de Estado con la que se ha conducido la política energética del Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en función de la soberanía y seguridad energética, que solamente puede ser garantizada por la rectoría del Estado y con una óptica dual: vocación social y cálculo geopolítico.
La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha justificado la decisión para que el Estado obtenga 100 por ciento del capital de Electricité de France, como un asunto de soberanía e independencia energética.
“No podemos seguir dependiendo del petróleo y del gas ruso”, aseguró.
Esta decisión del presidente Emmanuel Macron se da en un contexto de gran volatilidad en el precio de la electricidad, que es fijado en el mercado mayorista por las grandes multinacionales, que, al amparo de leyes hechas a su medida, se han apropiado en los últimos años de este rubro estratégico.
El cambio emprendido por el gobierno francés, caracterizado por su sello neoliberal y alejado de cualquier perfil estatista, para hacer frente a la crisis energética e impulsar su transición energética, debería de ruborizar en México al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), que, por defender intereses ocultos, de manera miope e irresponsable votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica el pasado mes de abril.
La iniciativa constitucional en materia eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador tendió la mano de manera generosa a la Iniciativa Privada.
No obstante, los detractores de la reforma negaron la posibilidad a los inversionistas privados de participar con 46 por ciento en el mercado eléctrico nacional, que crece anualmente de cuatro a seis por ciento, y cuyo valor se estima en tres trillones de dólares, lo cual les representaría ingresos potenciales de 145 mil millones de dólares en las siguientes décadas.
Para anticiparse a cualquier acto que pusiera en riesgo al país, en 2021 se reformó la Ley de la Industria Eléctrica.
Para tal fin, tuve el honor de haber encabezado los trabajos de su dictaminación en mi responsabilidad como presidente de la Comisión de Energía en la LXIV Legislatura.
Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció su constitucionalidad, se garantiza entonces la plena rectoría del Estado mexicano en el sector eléctrico, devolviéndole su carácter estratégico, y de esta manera la generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará de 38 a 84 por ciento y los privados de 62 a 16 por ciento.
Este giro para resguardar la seguridad y soberanía energética de los países lo expresa con mucho tino y precisión el canciller alemán (socialdemócrata) Olaf Scholz.
“La política energética no es solamente una cuestión de precios. La política energética es también política de seguridad”.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
www.manuelrodriguez.mx
PAL
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