El derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a la participación política y en la toma de decisiones está reconocido en la Constitución. El principio de paridad de género establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos ha dado espacio para las candidaturas a cargos de elección popular.
A su vez, el Instituto Nacional Electoral ha determinado que en los 28 distritos indígenas federales las candidaturas para los cargos de elección popular deben ser ocupados por indígenas, por lo que, 14 deben ser candidatas mujeres.
La autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas establece que las mujeres indígenas y afromexicanas cuentan con derecho a participar y ser elegidas en cargos diversos en la estructura colectiva interna.
Significa entonces que, por escrito en leyes, las mujeres indígenas y afromexicanas tendrían que ocupar un papel protagónico en el sistema democrático institucionalizado o en los sistemas normativos internos de sus comunidades, los llamados usos y costumbres.
La paridad obligatoria ha implicado la renegociación del papel de la mujer indígena y afromexicana y también ha propiciado la agudización de violencia política de género, acoso sexual, descalificaciones y aislamiento social e incluso familiar.
Otras formas de violencia política de género consecuencia de la paridad obligatoria ejercida por partidos políticos es la asignación de candidaturas o espacios de elección prácticamente “perdidas” de antemano, asignación deliberada de cargos para los cuales no cuentan con la experiencia necesaria; entregar presupuesto limitado para su campaña y, en caso de vencer, su sustitución por parte de su suplente varón.
Peor aún es la usurpación de identidad indígena o afromexicana para lograr candidaturas en distritos indígenas.
Hay muchos más obstáculos para la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas que se expresan tanto en el sistema institucional como en el normativo interno: desigualdad y exclusión; tradiciones, violencia de género, cultura patriarcal y machismo en las comunidades.
Mujeres indígenas y afromexicanas servidoras públicas suelen experimentar exclusión y resistencias para ejercer sus funciones o apoyo para ejercer presupuesto en ayuntamientos, lo cual significa violencia política de género que limita su desempeño.
El camino sigue siendo largo para que mujeres indígenas y afromexicanas puedan ejercer plenamente sus derechos políticos ya reconocidos en ambos sistemas.
Urge sensibilizar a las instituciones político-electorales sobre la equidad de género y los derechos humanos y políticos de la mujer.
Debe legislarse para crear instrumentos que refuercen la participación y representación política de ellas en ambos sistemas.
Todos, comunidades indígenas y afromexicanas, comunidades no indígenas, los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la Unión, debemos trabajar para asegurar la participación política de la mujer indígena y afromexicana para prevenir la violencia de género.
XÓCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
MAAZ
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