El 11 de junio de 2002 se publicó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública para dar cumplimiento con la reforma constitucional de 1977.
A lo largo de dos décadas las exigencias de la sociedad civil han permitido que el derecho fundamental a la información alcanzará la implementación de un Sistema Nacional de Transparencia y la promulgación de una Ley General que reafirmará la autonomía de los órganos garantes, la homologación de los criterios en la materia, los lineamientos del derecho a saber y la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Durante este tiempo el derecho de acceso a la información pública ha logrado consolidarse, pero aún falta mucho por hacer, la opacidad y la secrecía en el actuar de los órganos de gobierno y los servidores públicos continúa.
Los sujetos obligados responsables del manejo de la información siguen ignorando las solicitudes, respondiéndolas erróneamente o argumentando criterios que justifican la falta de transparencia en aras de la seguridad nacional o la confidencialidad.
Por si fuera poco, no todos los ciudadanos creen la información que reciben, por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el 34% de la población desconfía de la información proporcionada respecto a la seguridad pública, el narcotráfico o la delincuencia y el 56.6% de la población no conoce el concepto de obligaciones de transparencia, por lo que sólo el 16.1% ha consultado alguna página de internet del gobierno.
En el caso de las solicitudes de acceso a la información exclusivamente el 45.6% de la ciudadanía está consciente de su existencia y el 47.9% utiliza como medio predominante para presentar una solicitud de información el asistir personalmente a la oficina de transparencia.
Actualmente el incremento aproximado del 10% de las solicitudes de información va de la mano con el aumento constante en lo que va del sexenio de los recursos de revisión ante el INAI (en 2020 se presentaron 14,509 y en 2021 fueron 17,298 respectivamente).
Es así que los desafíos a los que hoy se enfrenta la transparencia y el acceso a la información pública son principalmente los siguientes: concientizar, sensibilizar, capacitar a la ciudadanía y los servidores públicos acerca de la cultura de transparencia y el ejercicio de este derecho; erradicar la brecha tecnológica existente en el país que impide su eficaz ejercicio; defender y garantizar la autonomía del INAI y los demás órganos garantes; y, otorgar el presupuesto suficiente para que dichos órganos puedan ejercer las obligaciones que la ley señala.
Estoy convencida que un gobierno abierto al escrutinio público y con menores índices de corrupción se obtendrá mediante el trabajo coordinado entre -la sociedad civil, las autoridades e instituciones públicas involucradas-, para hacer de la rendición de cuentas el pilar de un Estado democrático de derecho.
POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI
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