Para Daniel Picazo, un joven brillante y con gran compromiso social
En los primeros 43 meses de gobierno de este sexenio se han registrado 123,274 homicidios dolosos, superando ya la cifra alcanzada por las anteriores administraciones durante los 6 años de cada sexenio; teniendo al mes de mayo pasado como el más violento del 2022.
Este crecimiento en el número de homicidios es, sin duda, el reflejo de la corrupción y de la deficiente estrategia de seguridad pública en la que “abrazar” en lugar de combatir a la delincuencia, claramente no ha dado resultados; así como resultado de la polarización de la sociedad, la falta de profesionalización de los cuerpos policiacos, la falta de estabilidad económica y la impunidad.
En este entorno de violencia e impunidad, destaca un tema muy delicado que ha llenado de dolor y terror a la opinión pública en días recientes: los linchamientos. Estos actos imperdonables se están volviendo lamentablemente comunes en algunas zonas del país, bajo el pretexto de hacer justicia por propia mano, con frecuencia tratándose de personas principalmente incitadas por rumores, en un contexto en el que las autoridades policiacas encargadas de mantener el orden, se ven imposibilitadas y/o superadas por una turba enardecida, que a su vez no confía en ellas, lo que les impide ejercer su función de salvaguardar al acusado y llevarlo ante las instancias correspondientes para encauzarle un proceso legal en el que donde se velen sus derechos humanos y la autoridad competente determine el grado de responsabilidad que se le imputa.
De acuerdo con los datos de la CNDH, los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%; mientras que el 2018 un pasmoso aumento de 190% respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos. En 2019 se siguió una tendencia al alza, y en lo que va del 2022 van 11 linchamientos. Los estados donde se presenta más este hecho son el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala.
El pasado 10 de junio, más de 200 pobladores de la comunidad de Papatlazolco, perteneciente al municipio de Huachinango, Puebla, lincharon y quemaron vivo a un ex colaborador de nuestro Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, el abogado Daniel Picazo; un joven con gran compromiso social y profesional, que de acuerdo con quienes lo trataron, le aguardaba un futuro de éxito.
Lo ocurrido es intolerable y nos debe mover a todos como sociedad y gobierno a tener la capacidad de ponernos de acuerdo para evitar que esto suceda de nuevo en México.
Nos unimos a la solicitud de exigir una investigación a fondo y que haya justicia para Daniel y sus seres queridos. Que no prevalezca la impunidad; la justicia por propia mano atenta contra los derechos humanos. La indignación debe ser general y hacer un frente común para acabar esta crisis de inseguridad y violencia que atraviesa nuestro país. Nos unimos a la pena que embarga a su familia.
POR DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
CAR