México es el país donde los políticos violan cínicamente la ley y no pasa nada. ¡La maldita impunidad! Es el caso de Alejandro Moreno, el aún presidente del PRI, pero también de Layda Sansores, la actual gobernadora de Campeche. En las últimas semanas, hemos visto confesiones inéditas de delitos a cargo de Moreno y Sansores sin que nadie en el gobierno o en la Fiscalía General de la República se ruborice siquiera.
El espionaje a las conversaciones telefónicas de Alejandro Moreno, cuando fue gobernador de Campeche, evidencia públicamente una operación de alto nivel que solo puede llevarse a cabo desde y para el gobierno. El 17 de mayo comenzó el bombardeo de audios ilegales. Layda Sansores utilizó su talkhow, El Martes del Jaguar, para difundir grabaciones ilegales y asegura que tiene decenas de ellas. Sabe que hacerlas públicas es un delito, pero dijo que lo volvería a hacer, con tal de acabar con Alito.
En esos audios se escucha a Moreno Cárdenas reconocer que la empresa Cinépolis le dio 25 millones de pesos al PRI para sus campañas electorales. En otra conversación grabada, Alito aconseja no matar a los periodistas a balazos, sino matarlos de hambre. Es despreciable, punto. Pero hay más. La gobernadora Sansores usó el sistema de televisión estatal para lanzar otro obús, donde el presidente priista habla de operaciones inmobiliarias que suponen, al menos, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Moreno respondió con otro delito al revelar una conversación con el senador Manuel Velasco, su compadre exgobernador de Chiapas. Con ella, Alito pretende probar que está siendo perseguido por el gobierno de López Obrador, debido a que encabezó la oposición que echó abajo la iniciativa presidencial de Reforma Eléctrica. Podría ser.
Lo cierto es que ante esta ola descarada de delitos de unos y otros, la autoridad se exhibe a sí misma como inútil. Si tienen pruebas contundentes ¿por qué no llevan a Alejandro Moreno ante la justicia? No hacerlo refuerza el argumento de que se trata de una venganza política. Además, eso implicaría también que Layda Sansores responda por el delito -que ella misma reconoció- por difundir grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas privadas. En una palabra, espionaje.
Pero no, a Layda Sansores la cubre el manto protector de la 4T. No olvidemos que dejó muchas cuentas por aclarar tras su paso como alcaldesa de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. La actual gobernadora de Campeche se erige como adalid anticorrupción cuando no puede negar su pasado. Es hija de Carlos Sansores Pérez, quien gobernó Campeche de 1967 a 1973. Miembro del PRI más rancio en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, cacique de la Península de Yucatán y jefe político de otros deleznables como Víctor Cervera Pacheco.
La política en México está convertida en un chiquero. Es intolerable tanta impunidad. Ya veremos si la FGR o el gobierno se atreven a meter a la cárcel a todo aquel que se lo merezca.
POR ALEJANDRO CACHO
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