El uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) se ha desarrollado vertiginosamente en los últimos años. Estos avances tecnológicos los experimentamos a diario mediante diversas aplicaciones existentes en el mundo digital con las que, por ejemplo, traducimos documentos, recibimos asistencia virtual, navegamos por el mundo, filtramos correos electrónicos indeseados o sospechosos, reconocemos rostros y voces; hasta usos más sofisticados como los que se plantean y vislumbran por la Comisión Europea en el reporte “Inteligencia artificial para Europa” en el sentido de que la IA tiene el potencial de podernos ayudar a resolver algunos de los mayores desafíos del mundo, como el tratamiento de enfermedades crónicas, la reducción de las tasas de mortalidad en accidentes de tránsito, la lucha contra el cambio climático y la anticipación de amenazas a la ciberseguridad.
Las capacidades de la IA, tanto ahora como en el futuro previsible, prometen beneficios sustanciales para las personas, las instituciones y la sociedad. Beneficios que, debido a la virtualidad, el internet de las cosas, el metaverso y otros desarrollos tecnológicos que convergen hacia la paulatina fusión entre lo físico y lo virtual; parecen ser extensibles en sus alcances y efectos positivos para las personas como nunca en la historia de la humanidad.
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Al mismo tiempo, estas innovaciones tecnológicas plantean y han hecho surgir cuestiones importantes, incluidas preguntas significativas sobre la discrepancia que se da entre la IA y las leyes de protección de datos, entendidas estas últimas, como marcos normativos e institucionales destinados a garantizar diversos derechos humanos como, entre otros, la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa, el libre desarrollo de la personalidad y, evidentemente, la dignidad de las personas; con los que dicha normativa se relaciona desde su origen.
En estos días, se invierte una gran cantidad de tinta sobre este tipo de preguntas. Y es que la discrepancia a la que me he referido deriva de que, por ejemplo, algunas naciones han centrado sus esfuerzos en cómo promover el uso de la IA a través de sus gobiernos y han implementado, incluso, estrategias e incentivos regionales al efecto. Sin embargo, por su lado, las autoridades de protección de datos abordan la importancia de garantizar que la privacidad esté protegida en el contexto de la IA. La industria tecnológica, los grupos de defensa y los académicos se han sumado al debate. Debemos reconocer que la mayoría de los actores referidos están de acuerdo en que si bien, la IA es importante, la privacidad de los datos de las personas debe protegerse. Sin embargo, eso es a menudo hasta donde se extiende el consenso.
La protección de los datos personales se ve desafiada por el rápido desarrollo y despliegue de este tipo de tecnologías. Por tanto, proteger la privacidad de los datos es más importante que nunca dada la velocidad, el impacto, así como la dificultad de evaluar y explicar, incluso, muchas herramientas que las emplean.
En tal contexto, nuestros esfuerzos rumbo a la efectiva vigencia del derecho a la protección de los datos personales y sus derechos correlativos, me parece que nos exige reconocer la importancia que tiene ampliar el foco del debate del mero cumplimiento de las leyes existentes a la necesidad de considerar otros enfoques para mejorar cualitativa y sustancialmente, en estos rubros.
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En algún punto, quizá, debamos sopesar una mayor intervención humana frente a estas tecnologías y su evolución. Me refiero a que ya sea que los humanos entiendan o no los detalles de cómo funciona una determinada IA; en todo caso, debemos asegurarnos de que estos desarrollos sean conforme a los principios legales y éticos que igualmente debemos desarrollar. El papel de los seres humanos debe mantenerse esencial para la evaluación de los resultados de estas tecnologías y para prevenir y remediar decisiones incorrectas o injustas.
En un futuro no muy lejano, la IA posiblemente elimine algunos oficios o incluso hasta profesiones, lo cual provocará cambios sociales y económicos significativos que puedan trastocar o alterar, al interior de las naciones, los balances sociales en materia de justicia y equidad.
Por ello, es necesario que comencemos a dialogar y determinemos cuanto antes qué factores deben considerar los expertos en protección de datos, ya sean privados, públicos o pertenecientes a agencias reguladoras, al evaluar o prevenir las implicaciones de estos avances en los valores referidos que los Estados democráticos constitucionales están obligados a garantizar como principios básicos.
Mtro. Julio César Bonilla Gutiérrez, Comisionado Ciudadano del INFO CDMX
Twitter: @JulioCBonillaG
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